Presentación

Abstract

El modelo económico neoliberal, caracterizado por la defensa de la capacidad individual de generar riqueza y su rechazo a conceptos colectivizadores, ha generado condiciones de desigualdad y pobreza estructural que propician la irrupción de actores económico-delincuenciales que inciden en la producción de violencia armada (Mbembe, 2006; Schedler, 2016). Este fenómeno sin precedente en la historia ha generado nuevas dinámicas sociales como la difuminación de las fronteras entre el Estado y la delincuencia, la irrupción de actores civiles como las víctimas movilizadas, el fortalecimiento de la agenda de Derechos Humanos entre las organizaciones civiles a nivel internacional, y la consolidación de zonas de excepción, donde es permisible la acción delictiva a partir de diversos acuerdos que van más allá de la institucionalidad del Estado (Das y Poole, 2008).