Doctora en Ciencias Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM
e-mail: wakichikapu@gmail.com
Resumen
En las últimas décadas del siglo XX en América Latina, la llegada del neoliberalismo, particularmente, a los países de la zona andina en Sudamérica, ha facilitado las condiciones para la imposición e incremento significativo de grandes proyectos de extracción minera, fomentados y avalados por organismos financieros internacionales, gobiernos de los países y empresas transnacionales, que dicen promover el crecimiento económico, el “desarrollo” y el “progreso”. Sin embargo, estos megaproyectos afectan la autonomía de las comunidades campesinas y pueblos originarios sobre sus territorios y ponen en riesgo sus formas de reproducir la vida. Desde una perspectiva decolonial y a partir del estudio de los casos: Quimsacocha en Ecuador y Conga en el Perú, se analiza la emergencia de diversos modos de resistencia indígena/campesina como el “Sumak Kawsay” o “Buen Vivir”, que cuestiona al modelo capitalista y propone otras formas de reproducción y convivencia.
Palavras-clave: resistencia andina, extractivismo minero, perspectiva decolonial, Sumak Kawsay o buen vivir.
En esta investigación resulta de interés el estudio sobre la emergencia y el significado de las diversas resistencias y propuestas orientadas al “Sumak Kawsay” o “Buen Vivir” [1], que han protagonizado campesinos, pueblos originarios y nacionalidades indígenas en la zona andina durante las últimas décadas, como respuesta a la imposición de grandes proyectos extractivos; estos proyectos implican el despojo de los territorios, la extracción y mercantilización de la naturaleza a través de sus recursos naturales y fuentes hídricas de importancia sociocultural y económica para la supervivencia de las comunidades y pueblos originarios.
Esta situación se encuentra asociada a diversos conflictos que involucran fundamentalmente a campesinos e indígenas, empresas trasnacionales y actores gubernamentales. Llama la atención que paradójicamente estos conflictos también se presenten en países cuyos estados han sido recientemente definidos como plurinacionales y bajo el mandato de gobiernos progresistas como son el caso de Ecuador, y que aunque se caracterizan por contextos históricos, políticos, económicos y sociales diferentes, en este caso comparten tanto la situación de los conflictos ocasionados por el extractivismo minero, como el rechazo y oposición de las comunidades, tal como ocurre en los reconocidos casos de Quimsacocha en Ecuador y Conga en el Perú que pretendo presentar, a continuación.
En América la usurpación y el despojo de los territorios y sus recursos naturales es un fenómeno colonial que inicia desde la llegada de los primeros europeos en el siglo XVI, y desde entonces, fue utilizado como una de las formas de dominación y explotación tanto de la fuerza de trabajo de los pueblos originarios como de las riquezas de sus territorios. Según Quijano (2000), con la emergencia de América se crearán nuevas identidades sociales producidas en la idea de raza para la división y control del trabajo, que ayuda a la consolidación del capitalismo colonial-moderno, como un nuevo patrón global de organización y control del trabajo en todas sus formas históricamente conocidas (reciprocidad, esclavitud, servidumbre, etc), de sus recursos y sus productos (202-208).
En este proceso de dominación y explotación para Alimonda (2011), subyacen historias bastante largas de colonialidad[2], asociadas al genocidio físico y cultural, los mecanismos de expropiación y exclusión de los recursos naturales, y la destrucción o subalternización racista de identidades. (p. 45). De esta forma, el actual extractivismo en sus diferentes modalidades[3] de acumulación, corresponde a una larga historia que no es posible, considerar sin el surgimiento de América, asociada al despojo de los territorios y la explotación y dominación sistemática de los pueblos originarios.
Particularmente, la explotación de las minas, desde la colonia, -y durante cinco siglos-, ha reconfigurado el mapa social y político de los pueblos originarios que habitan en la región andina. (Zibechi, 2013a, 1), y en general de América. La consolidación del extractivismo, marca formalmente la inserción de América Latina a la economía mundial en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la estrategia de sustitución de importaciones dada entre 1940 y 1980, estaba diseñada para no caer en esta trampa, pero la crisis de la deuda de los 80’s favoreció la imposición del neoliberalismo y el extractivismo regreso. La ola de privatizaciones entregó el control de la industria minera y petrolera a las multinacionales. (Nadal 2012).
Con la llegada del neoliberalismo[4] en los países de la región andina Sudaméricana[5], los gobiernos intensificaron, una economía basada en lo que Nadal (2012) denomina el “neo-extractivismo”, el cual se vincula a la existencia de enclaves, explotación laboral sin límites, desplazamiento forzado y exterminio de los llamados grupos indígenas y la subordinación de los gobiernos al poder de empresas multinacionales para la extracción de los recursos naturales; que para la región andina, se concentra en una mayor producción y venta de hidrocarburos y minerales como el oro, la plata y el cobre.
Desde entonces, la inversión extranjera para la industria extractiva[6], se ha visto favorecida para emprender grandes proyectos extractivos, entre ellos la megamineria a cielo abierto. A partir de sus actividades se han producido corrientes exportadoras, que desempeñan papeles claves en las economías nacionales y globales (Gudynas, 2004). Estos grandes proyectos son fomentados y avalados por Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Corporación Financiera Internacional, quienes facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para permitir que estas compañías puedan operar. De igual manera, los bancos europeos también han jugado un papel significativo en la financiación de las operaciones extractivas. (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y Acción Ecológica, 2011).
El argumento central: favorecer el “desarrollo” y el crecimiento económico con la esperanza de mejorar el bienestar social de estas naciones andinas.[7] Si bien los proyectos mineros pueden ofrecer oportunidades de progreso a cierto número de individuos o empresas, sus efectos han sido más bien regresivos para el bienestar de comunidades principalmente, campesinas e indígenas, pues han contribuido a aumentar la pobreza y la desigualdad social, además de violar la normatividad internacional existente sobre libre determinación, consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas reconocida por la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tal como ocurre en los países de la región andina.
Desde una visión jurídica, el informe del relator especial para los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas James Anaya (2011), menciona que los proyectos de extracción llevados a cabo en territorios indígenas y campesinos, constituyen una de las fuentes más importantes de vulneración a sus derechos humanos, ya que atentan directamente contra su libre determinación y en el peor de los casos ponen en peligro su existencia, pues no solamente se incumple con la obligación de consultar a los pueblos indígenas y campesinos sobre los proyectos de extracción, sino que además se destaca la criminalización de la protesta y la militarización que gira en torno a estas actividades extractivas en colaboración con los gobiernos de la región.
El actual modelo extractivista, persiste en los abusos, atropellos e incluso exterminio cometidos en contra de la población originaria, desde la colonia. Al parecer las grandes empresas extractivas de hoy, al igual que los gamonales de la Republica, no le temen ni a la legislación que protege a los pueblos indígenas de hoy, ni a las prácticas administrativas, pues saben que cuentan con el apoyo y la negligencia de quienes tienen la obligación de aplicarlo y no lo hacen.
En este sentido, sigue teniendo vigencia los cuestionamientos realizados por Mariátegui en 1928, a la visión jurídica sobre la situación del indio, por considerar que este tipo de visiones unilaterales reducen y simplifican el “problema del indio”[8] a causas jurídicas, administrativas, eclesiásticas o de dualidad o pluralidad de razas en sus condiciones culturales o morales. Apoya sus críticas en la inutilidad de los decretos, leyes y providencias encaminadas amparar a los indios de los diversos abusos, desde los tiempos de la legislación colonial española y nulamente aplicadas en la Republica. Además, agrega que:
La tendencia a considerar el problema indígena como un problema moral, encarna una concepción liberal, humanitaria, ochocentista, iluminista, que en el orden político de Occidente, anima y motiva las “ligas de los derechos del hombre”. Las conferencias y sociedades antiesclavistas, que en Europa han denunciado más o menos infructuosamente los crímenes de los colonizadores nacen de esta tendencia, que ha confiado siempre con exceso en sus llamamientos al sentido moral de la civilización. (Mariátegui 2005, 30-31).
Por consiguiente, bajo esta óptica jurídica y moral “el problema del indio” no deja de presentarse como una cuestión que se limita al incumplimiento o garantía de largo listado de derechos humanos, tradicionalmente agenciados desde organizaciones internacionales, aunque se supone deben garantizar los propios Estados. Estas visiones unilaterales, solo han invisibilizado y desviado la atención hacia las verdaderas causas, descubiertas y esclarecidas por Mariátegui, desde la crítica socialista, en la misma economía del país y el régimen de la propiedad de la tierra; así pues, el problema del indio en Mariátegui (2005, 35) es fundamentalmente económico-social y político; además se encuentra directamente vinculado con el problema de la tierra y el régimen latifundista al que han estado sometidos.
En este sentido, la imposición y puesta en marcha de megaproyectos mineros que afectan no solamente la tierra, si no también hoy, el territorio de los pueblos originarios y comunidades campesinas, se han convertido en generadores de diversos conflictos considerados por algunos gobiernos de la región, de carácter ambiental, aunque en realidad se trata de conflictos donde convergen causas estructurales en el orden político, económico, jurídico, ambiental, social y cultural. Estas circunstancias encuentran como características comunes la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales dado el tipo de relación que se establece entre las grandes empresas extractivas[9], las comunidades y los Estados. (Acosta y Machado 2012, 82).
l extractivismo, como parte del patrón mundial económico capitalista, se ha convertido en un gran fenómeno, que atraviesa los diferentes ámbitos de la existencia humana de una comunidad campesina o pueblo originario afectado, incluso para todos quienes hemos padecido sus efectos y hemos sido paridos en estas tierras, como herederos de una larga historia que se disputa entre la dominación, la explotación y la Resistencia.
Hoy el extractivismo, se encuentra en todas partes, incluso más allá de la zona geográfica despojada, se inserta en la misma cotidianidad y en la intimidad de las relaciones sociales y económicas, encontrando diversas formas y acciones para expresarse, anidándose inicialmente en lo económico, lo político y sistemáticamente en la misma cultura, de maneras tan violentas y tan sutiles a la vez, que se lleva con éste sin darse cuenta, en la misma lógica que se carga con el colonialismo del que también somos producto en América.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL 2013), encargado de registrar y hacer seguimiento a diferentes conflictos en América latina; llama la atención que países andinos en Sudamérica bajo el mandato de gobiernos progresistas, no hayan sido la excepción, tal es el caso de Ecuador, Bolivia, Argentina, entre otros. Estos gobiernos insisten en concebir el extractivismo minero como motor del crecimiento económico y el financiamiento de los aspectos sociales, por lo que favorecen reformas normativas a subsidios financieros (Petras 2012 citado por Acosta y Machado 2012, 19) y si es necesario, formulan normatividad para favorecer el acceso de las empresas mineras a los territorios, por encima del rechazo de las comunidades[10] y más allá de los demostrados impactos sociales y ambientales negativos.
La evidente contradicción entre la presencia de un poderoso capital trasnacional y el fortalecimiento de los Estados auspiciado por los llamados gobiernos progresistas en la mayor parte de la región –andina-, obliga a estos gobiernos a moverse en el precario equilibrio entre mantener las condiciones para la permanencia y reproducción de dicho capital, a la vez que conservan el respaldo –activo o pasivo– de los movimientos que les dan legitimidad. (Zibechi 2011, 20).
Sin duda, los llamados gobiernos progresista en la región sudamericana, han cuestionado el actual modelo neoliberal[11], cuya característica es la reducción del estado hacia una tendencia privatizadora y desregularizadora. Sin embargo, se mantiene el modelo productivo, el cual se sostiene en la extracción de bienes comunes (agua, biodiversidad, hidrocarburos, minerales), aunque ya no se realizan privatizaciones y se aplican algunas políticas sociales más o menos consistentes. (Zibechi 2011, 22).
En este sentido, para Almeyra (2012), el extractivismo que sustenta el llamado neodesarrollismo de los países dependientes marca por igual tanto las políticas de los gobiernos llamados progresistas, como las de los llamados conservadores[12], donde la depredación del extractivismo es peor en el sector minero, promovido con entusiasmo por todos los gobiernos sin excepción alguna. En cualquier de los dos casos se evidencian alianzas entre el capital trasnacional y los estados para responder a las demandas y sostenibilidad de la economía global imperante. Sin embargo, en el primer caso, no se trata de gobiernos neoliberales, aunque su economía se base en un modelo extractivista, hoy se habla de gobiernos neo-desarrollistas.
En Ecuador el extractivismo minero resulta incompatible con áreas destinadas para ello; de las 5.000.000 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) reservadas para esta actividad 2.000.000 millones de hectáreas son áreas protegidas y bosques protectores[13], cuyas características son frágiles, con gran variedad de flora y fauna ubicadas en territorios agrícolas de campesinos e indígenas sobre todo Kichwas (Acción Ecológica, s/f). Esta situación se presenta, pese a que el Ecuador cuenta con una constitución política, que por primera vez en la historia, reconoce derechos de la naturaleza. Sin embargo, según Lander (2010), las tensiones entre las visiones a favor del extractivismo y otros modos de vida continúan atravesando estos procesos tanto en las políticas de la oposición, como al interior del propio gobierno.
Para Ecuador el OCMAL (2013a) registra en su base de datos siete (7) conflictos socioambientales asociados a la minería[14] de los cuales se estudia el de los “Pobladores de Azuay movilizados contra el Proyecto Quimsacocha para proteger el agua”[15].
El páramo de Quimsacocha[16], es una reserva natural de agua y minerales ubicada entre 3.700 y 4.000 msnm, en la Cordillera occidental de los Andes, en la Provincia de Azuay entre 30 y 35 km al sudoeste de Cuenca al sur de Ecuador. Hace parte de la zona de amortiguamiento del parque Nacional de Cajas (PNC) y está dentro del Área de Bosque de Vegetación Protectora (ABVP) Irquis-Tarqui-Bermejos-Yanuncay. Alberga 30 lagunas entre ellas: Estrellacocha, Chullacocha, Gegeno, Truenococha, entre otras, donde nacen las aguas que alimentan a más de 35 sistemas para el agua potable y el riego que beneficia a poblaciones de la región. (Diario El Comercio, 2012)
Quimsacocha, tiene una extensión de 33.426 hectáreas de las cuales 12.967, fueron concesionadas[17] a la Empresa Minera Canadiense IamGold en el año 2002, quienes a partir de estudios de pre-factibilidad y la realización de la primera fase de exploración avanzada[18], confirman que el subsuelo de esta zona alberga un importante potencial de yacimiento de minerales tales como oro, plata y cobre que resulta significativo para la economía del país, sin contar con la riqueza y diversidad biológica de la zona.[19]
Representantes de las comunidades de influencia directa tales como: Victoria Portete y Tarqui (Cuenca), entre otras aledañas se oponen a esos trabajos y rechazan el proyecto minero, por considerarlo una amenaza para el abastecimiento del agua en sus actividades productivas y para su propia subsistencia, además consideran que este proyecto provoca una masiva contaminación del suelo, el aire y el agua.
Según el OCMAL (2013b), en Azuay la situación de la minería ha convocado a diversos actores y organizaciones[20] articuladas regional y nacionalmente, quienes desde hace más de seis años han emprendido diferentes acciones (movilizaciones, asambleas, diálogos, eventos de información y capacitación, etc), en rechazo a la compañía minera IamGold y lo que sería la siguiente fase del proyecto Quimsacocha: la explotación propiamente dicha. También se ha realizado el intercambio de criterios con las autoridades locales y nacionales, sobre la conexión que tiene la actividad minera con otras obras que condicionan los planes de desarrollo autónomos de las localidades.
Para el gobierno de Rafael Correa el proyecto minero Quimsacocha es estratégico, por lo que en 2007 empezó un proceso de reformas al sistema de gobernanza minero que tomara en cuenta estas interacciones en permanente dialogo y disputa. Pese a la voluntad de las comunidades de rechazar el proyecto a través de una consulta popular amparada bajo el Convenio 169 de la OIT, que protege a pueblos indígenas o bajo otras modalidades; el Presidente Rafael Correa[21], insiste en continuar con la ejecución del proyecto y empezaron aparecer casos de amenazas, detención y procesamiento arbitrario a los dirigentes.
En octubre de 2011, en las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui se realizó una consulta popular en la que 92% por ciento votaron en contra de la minería en Quimsacocha... Tras esa consulta, Rafael Correa visitó, muy irritado, Quimsacocha y soltó su frase preferida: no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro. Los líderes de estas protestas, como Carlos Pérez, han sido criminalizados y sentenciados a cárcel por protestar. (Martínez, 2012)
A pesar del “derecho a la resistencia”[22] consignado en la Constitución Política Ecuatoriana del 2008; a la fecha se tiene registro de decenas de casos de criminalizados por defender el agua y los territorios comunitarios frente a lo que ellos consideran la amenaza minera. Algunos han llegado ser sentenciados, como en el caso de Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, de quienes la Corte reconoce la validez de su lucha altruista y sin embargo, dicta una condena de 8 días de reclusion (Acción ecológica, 2013). En febrero del 2012 el informe de Auditoría emitido por la Contraloría General del Estado evidenció en el proyecto Quimsacocha, el incumplimiento de derechos constitucionales y normas tanto ambientales como de minería.
En Ecuador, los pueblos originarios y comunidades campesinas que hoy, se opongan al modelo extractivo, son acusados de “terroristas” que amenazan el desarrollo del país y según Dávalos (2005) serán utilizados como “el chivo expiatorio del fracaso de las políticas desarrollistas”, pues según explica los pueblos y nacionalidades indígenas se les considera sociedades tradicionales, “atrasadas”, “premodernas” desde el siglo XIX hasta la actualidad por lo que persiste un constante enfrentamiento.
Los actores involucrados en este conflicto vinculado al proyecto minero son las diferentes organizaciones y dirigentes regionales que representan a la comunidades (Victoría Portete y Tarqui) en la provincia de Azuay[23]; las organizaciones que las que apoyan a nivel nacional e internacional[24]; la Compañía Minera Canadiense Iamgold, el Gobierno de Ecuador en cabeza del Presidente Rafael Correa y representado el ámbito Nacional por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Recursos no Renovables y en el ámbito regional y local por Gobernador, Alcaldes y Fuerza pública de la Provincia.
Según la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI (2012), en el Perú a inicios de la década del 90 las concesiones mineras ocupaban dos millones trescientas mil hectáreas y a finales del año 2010 ya superaban los veintiún millones 280 mil hectáreas. Y solo en un año (noviembre de 2008 a noviembre de 2009) estas pasaron del 13.46% al 15.38% del territorio nacional. De las 5.680 comunidades reconocidas y con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras. Actualmente, una de cada cinco hectáreas del Perú ha sido entregada a las multinacionales mineras, así como la mitad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas de la sierra andina (Zibechi, 2013).
En Perú, por ejemplo, la profundización del modelo extractivista minero, inicia durante el gobierno de Alan García (1985-1990), acompañados por una ofensiva de privatización y mercantilización de los recursos naturales, impactando en la anulación de las formas tradicionales de convivencia, con frecuencia ancestrales, que con ellos mantienen comunidades campesinas y naciones indígenas. (Alimonda 2011, 12). Alberto Fujimori, por su parte se encargará de dar continuidad y reforzar el extractivismo, junto con la implementación del modelo neoliberal y una serie de reformas que lo favorecen tal como la ley de servidumbre minera del Perú de 1990 y la liberalización del mercado de tierras de 1995 entre otras.
Actualmente, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL (2013c), registra en su base de datos treinta y cuatro (34) conflictos socio-ambientales asociados a la minería de cual se estudia el de “Cajamarca defiende sus aguas y dice no a proyecto Conga de Newmont”.
El proyecto minero Conga, para la extracción a cielo abierto[25] de oro y otros metales, está ubicado en las nacientes de cuencas hídricas de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín, al norte de Perú. Según Zibechi (2012), Conga sería la primera en extracción de oro de América del Sur y tiene previsto invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos.
Para el OCMAL (2013d), con este proyecto minero, se pone en peligro los ecosistemas denominados alto andinos, en este caso, jalcas cajamarquinas,[26] ya que no solamente brindan paisajes, sino que también albergan una gran biodiversidad y poblaciones significativas de especies endémicas locales, entre las cuales se encuentran las hierbas medicinales que crecen en este entorno y otros cercanos, pero no en otros lugares del planeta. Aún así, de todos los aspectos mencionados, el más crítico, para la vida de las sociedades que dependen de ellas, es el de provisión de agua. Las jalcas intervienen tanto en la cantidad de agua que se genera en las cuencas, como en la regulación hídrica, que implica la permanencia en el tiempo del caudal generado.
De acuerdo con Zibechi (2013a) Conga se ha convertido en el principal conflicto minero y social que se registra en el Perú, debido a la masiva oposición de la población a este proyecto, que se encuentra en manos de la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation, quien explota desde hace más de veinte años otro yacimiento de oro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca a más de 3.400 metros de altura, siendo la segunda mayor mina de oro del mundo. Al respecto el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, constata que el último conflicto inicia en el año 2009 y tiene como antecedente los impactos socio-ambientales generados con el Proyecto Minero de Yanacocha iniciado en 1992 y el pretendido Cerro Quillis en el 2000.
De esta manera, el proyecto Conga, que supone la extracción de oro y cobre en las cabeceras de cuatro cuencas fundamentales para el abastecimiento del agua en las comunidades y sus actividades productivas, ha generado el rechazo y la organización de diversas organizaciones sociales[27] y hasta del propio presidente regional de Cajamarca, mediante acciones tales como: movilizaciones, protestas, paros para detener las actividades mineras, entre otras.
Los guardines de las lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleada por las comunidades y pueblos en defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y gobiernos (Zibechi, 2013a).
Adicionalmente, se le reclama al actual presidente Ollanta Humala, por las promesas realizadas durante su campaña electoral a la presidencia frente a no vender las fuentes hídricas de la zona, porque según afirmaba era más importante el agua que el oro, pero una vez en el poder, dio continuidad al proyecto Conga, justificándose en que, este ya venía firmado desde el anterior mandato presidencial de Alan García y por tanto no se podía poner en riesgo el desarrollo del país[28]. Así, los pobladores del departamento de Cajamarca, al oponerse al proyecto Conga, que atenta contra el agua que disponen para su supervivencia, plantearon la disyuntiva entre el agua o el oro, y por supuesto eligieron la primera que implica la preservación de la comunidad, de su modo de vida y del ambiente, apostando su propio futuro y el de sus descendientes (Almeyra, 2012).
Algunas de las cifras del proyecto, que aparecen en el cuestionado[29] Estudio de Impacto Ambiental EIA presentado por la empresa: constaría de 2 tajos abiertos, uno de ellos de 2 km de largo y 1 km de profundidad, emplazado sobre la laguna el Perol, que tiene 15 millones de años. Removería 92,000 toneladas de roca al día por 17 años, depositando los desmontes (su basura) sobre la laguna Azul. Esta laguna más los bojedales circundantes dan vida al río Jadiaba. Por otro lado, el promedio de 85,000 toneladas de relaves tóxicos que generarían al día, durante al menos 17 años, los depositarían en relaves ubicados en un área de 700 hectáreas que constituyen las nacientes del río Jadibamba, principal río del distrito de Huasmín que las comunidades usan para la agricultura, ganadería y consumo humano. (OCMAL, 2013d).
El estudio de Impacto Ambiental EIA también fue cuestionado por el científico Robert Morán que luego de un estudio independiente expresa que:
El EIA del proyecto Conga es un documento mal hecho y poco honesto, lo cual sorprende dada la escala de inversión no logra proporcionar la información técnica necesaria para que la población y los organismos reguladores puedan tomar decisiones. En muchos sentidos es una burla a la población y a las agencias reguladoras del Estado. En muchos sentidos, este EIA es básicamente un documento de relaciones públicas, dirigido a facilitar los permisos, todas las opiniones del EIA están marcadas por la ausencia de un enfoque que sea económicamente desinteresado.
Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa minera fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (responsable también de la promoción de la minería), pero ha recibido diferentes críticas de las instituciones cajamarquinas y del Ministerio del Ambiente. La explotación minera especialmente la de tajo abierto genera cambios de enormes dimensiones, lo que demanda que antes de ponerla en práctica, estos deben ser cuidadosamente analizados.
Los actores involucrados en este conflicto socio-ambiental son las diferentes organizaciones y dirigentes que representan a la comunidades de las provincias ( Hualgayoc Bambamarca, Celendín y Cajamarca) en la región de Cajamarca[30]; las organizaciones que las apoyan a nivel nacional e internacional[31]; la Empresa Minera Estadounidense Newmont Mining Corporation, asociada a las Compañía de minas Buenaventura y el Banco Mundial bajo la figura de la Compañía Minera Yanacocha, el Gobierno del Perú en cabeza del Presidente Ollanta Umala y representado el ámbito Nacional por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente y en ámbito Local por Gobernador y Alcaldes en las Provincias.
Según el último informe realizado por el Observatorio de Conflicto Mineros en Perú, el gobierno sigue dando muestras claras de querer imponer el proyecto minero Conga sin tener en cuenta la opinión de la población y sin evaluar seriamente la viabilidad ambiental del proyecto. Se supone que las actividades en Conga deben estar paralizadas desde la huelga de noviembre; sin embargo, a pesar de la anunciada suspensión por dos años del Proyecto Conga, la empresa ha seguido ejecutando obras en la zona, como el inicio de la construcción de los reservorios, bajo el lema “el agua primero, la mina después”. (CooperAcción 2013, p, 18). Lo más importante afirma Zibechi (2012) es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.
A continuación, pretendo realizar un acercamiento general a la discusión teórica sobre la noción del “Buen Vivir/Vivir Bien”, como paradigma emergente desde la periferia del capitalismo, específicamente en la región andina, y teniendo en cuenta los aportes teóricos y perspectivas de diferentes actores como son: gubernamental y constitucional; académico y de algunos intelectuales indígenas de la misma región.
En primer lugar, desde la visión gubernamental y constitucional, el “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”, aparece enunciada por primera vez en la constitución política de Ecuador 2008, aunque se encuentra más asociada a un listado de ocho “derechos del buen vivir”[32] en el capítulo segundo, que aparentemente no varían mucho a los contemplados en la anterior constitución política de 1998, la cual hacía referencia al enfoque tradicional de los derechos humanos (derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, y colectivos).
En esta constitución, el término se encuentra enunciado en diferentes partes del documento, aunque no se da una definición explicita del “Buen Vivir”, solamente se menciona lo requerirá de la siguiente forma:
“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”. (Art 275. 3. Enciso. Constitución política de Ecuador 2008)
En este punto, regresamos nuevamente a la crítica de Mariátegui sobre la visión jurídica antes presentada, pues bajo esta mirada el “Buen Vivir”, responde a una dimensión meramente jurídico-administrativa, sobre la garantía de los derechos y sus deberes, y aunque aparezca relacionada a un nuevo término, el de interculturalidad - que no aparece definido - y la convivencia armonía de la naturaleza - la cual tendrá por primera vez, derechos contemplados-, resulta paradójico que el Presidente Rafael Correa, pretenda financiar el Buen Vivir con las rentas del modelo extractivista.
En la constitución política de Bolivia 2009, también se enuncia la noción, aunque aparece como “Vivir Bien” o “Suma Qamaña”, aclarando desde el preámbulo que “se está acabando con los privilegios para que todos podamos “Vivir Bien” y no mejor que nuestros semejantes”. Por lo tanto, se establece una diferencia entre el significado de los términos “Bien” y “Buen” que algunos autores desde la academia y el pensamiento indígena analizan y elaboran un poco más. En general la noción se encuentra vinculada a “principios ético-morales de la sociedad plural”, “valores indígenas” y también a los tradicionales derechos humanos.
Sin embargo, Alimonda (2011), resalta que en principio la defensa y el respeto por la Pachamama, como postulado central de la propuesta andina del “Buen Vivir”, se recogen en las recientes constituciones de Ecuador y de Bolivia, y se vincula directamente con el intento de proteger y dejar fuera del mercado a la naturaleza. (37). Cuestión que ha sido más impulsada y exaltada particularmente por las demandas de los movimientos indígena en cada uno de estos países.
En segundo lugar, desde una visión académica se destacan los aportes de algunos intelectuales que se encuentran en la producción de conocimiento y pensamiento crítico Latinoamericano y algunos en la perspectiva decolonial. A continuación, resalto los planteamientos teóricos sobre el “Buen Vivir” y “Vivir Bien” de los siguientes autores:
Para Alberto Acosta[33], el “Buen Vivir” no se trata de regresar a la “época de las cavernas”, ni de negarse la posibilidad de propiciarse la modernización de la sociedad, aunque asegura se debe recuperar la “cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas” por constituir una categoría central de la filosofía de vida en estas sociedades. Tampoco se plantea como una verdad indiscutible. No puede estar asociado con el concepto de “bienestar occidental”, lo cual implica cuestionar el tradicional concepto de desarrollo en el sentido de la acumulación de bienes materiales. En definitiva, dice, el Buen Vivir tiene que ver con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales (Acosta, 2008). Aquí parece referirse a los derechos tradicionalmente consignados en la carta constitucional para ser garantizados por un Estado.
Eduardo Gudynas[34], plantea que el “Buen Vivir” o “Vivir Bien”, engloba un conjunto de ideas que se están gestando como una reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo. Por tanto, se están acumulando diferentes reflexiones que, con mucha intensidad, exploran nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las prácticas. No pretende defender una definición en particular, sino más bien rescatar el pluralismo de posturas que se están generando en varios países y desde diferentes actores sociales. (Gudynas 2011). Se destaca aquí, como una noción en construcción y permanente discusión.
Cesar Germana[35], asocia el “Bien Vivir” o “Vivir bien” de los movimientos de pueblos indígenas andinos y amazónicos; como una propuesta que lleva consigo el principio de igualdad en los diferentes ámbitos de la existencia humana descritos por Aníbal Quijano: la relación entre sexos, la reciprocidad en las relaciones de trabajo, la armonía con la naturaleza y la interculturalidad, esta última como dialogo de saberes que posibilita la articulación de la nueva ciencia con las estructuras de saber de los pueblos subalternados en una perspectiva de lograr una forma más democrática, es decir más igualitaria en su existencia. (Germaná 2011).
En este sentido, el “Buen Vivir”, se conecta con la perspectiva decolonial, pues según Quijano (2010), esta propuesta destaca la reaparición de nuevas racionalidades de las que fueron colonizadas, por lo que se podría ser testigo de diferentes racionalidades, es decir, varios modos de producir un sentido, que puedan tener una esfera en común donde se puedan comunicar y aprender los unos de los otros. En otros términos, se refiere a un nuevo horizonte de sentido histórico que emerge con toda su heterogeneidad histórico/estructural.
En tercer y último lugar, quiero resaltar los aportes a la teorización del “Buen Vivir” ”Vivir Bien”, que han aportado algunos intelectuales indígenas, quienes por un lado, han tenido formación académica occidental y por otro, hacen un intento por visibilizar la herencia y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios a los que pertenecen:
David Choquehuanca Céspedes[36], habla de un “Vivir Bien”, basado en la vivencia de los pueblos, es decir, vivir en comunidad, en hermandad, en armonía con las personas y la naturaleza y especialmente vivir en complementariedad. Hace la diferencia con el vivir mejor a “costa del otro”, compitiendo, en la opulencia y el derroche, que promueve la noción de desarrollo y bienestar en el modelo capitalista. (Choquehuanca 2010). Esta noción coincide con la diferencia entre “Buen Vivir” y “Vivir Bien” que se contempla la constitución política de Bolivia 2009.
Fernando Huanacuni[37], a partir de una crítica a las promesas del progreso y el desarrollo basado en la acumulación de bienes, propone que a partir de los principios de los pueblos indígenas que hoy se están asumiendo; se pueda encontrar un paradigma para el “Vivir bien” que permita hablar de un proceso de cambio de paradigmas. Donde la concepción del tiempo entre Occidente y ANDES es radicalmente diferente (Huanacuni 2010).
Por último, para Luis Macas[38], presenta el “Sumak Kawsay” a partir de una profunda reflexión sobre la cosmovisión de los pueblos Kichwa en el Ecuador y su relación con el proceso de colonización y dominación hasta la “ciudadanización” como el momento de ruptura de la vida con la que se impone y se institucionaliza sus propias nociones a partir de la constitución Ecuatoriana, cuando lo que se rescata es que el “Sumak Kawsay”, se origina en la vida, en la práctica, en la cotidianidad de los pueblos indígenas, este concepto remite una gran variedad de significados que recogen la misma vida en plenitud total, la vida en comunidad, en reciprocidad y redistribución del trabajo colectivo y la puesta en práctica de conocimientos y saberes colectivos para vivir en armonía. (Macas 2010).
Bajo este acercamiento teórico al “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay” en Ecuador y “Bien Vivir” o “Sumaq Qamaña” en Bolivia, resulta necesario reconocer, la diversidad de nociones y tendencias existentes, según el actor social y la dimensión desde la cual se aborda, en este caso la dimensión jurídica de la visión gubernamental y constitucional, la dimensión educativa de los académicos críticos del pensamiento latinoamericano y la mirada de los intelectuales indígenas, quienes hacen de puente entre la herencia y memoria de los pueblos originarios a los cuales pertenecen y la academia en las cuales se formaron.
Por ello, hasta ahora puedo decir que el “Buen Vivir”, es una noción polisémica, que en principio evidencia la disputa y permanente construcción en la que se encuentra. Así mismo, el “Buen Vivir”, deja abierta la posibilidad de ser continuamente indagado, discutido, revisado e investigado desde la teoría y en la práctica. En este sentido, me veo convocada al llamado que hace Luis macas, de acercarme al “Sumak Kawsay” en la práctica, en la cotidianidad, y en la misma vida de los pueblos originarios para tener un mapa más completo, -tal como pretendo hacer durante el trabajo de campo en esta investigación-, pues hasta el momento parece ser que el “Buen Vivir” es susceptible de ser engrandecido, coptado, sucionado, fragmentado y vanalizado según los intereses de los diferentes actores, aunque también puede ser resignificado, dignificado y sobretodo evidenciado en la lucha díaría y cotidiana de los pueblos originarios y comunidades campesinas que resisten al modelo extractivo de acumulación y despojo.
Realizar este primer abordaje conceptual, también implica reconocer las limitaciones en la teoría decolonial, sobre todo si pensamos que su proyección es relativamente reciente, uno de sus principales retos, reconocido por sus representantes, es el lenguaje y conceptos aún insuficientes para explicar la realidad. Es necesario desarrollar un nuevo lenguaje que no esté sometido al de las ciencias sociales decimonónicas y que proyecte los sistemas de poder como una serie de dispositivos vinculados en red. Es decir, se necesita crear, lo que Quijano llama una “Resistencia semiótica”, capaz de resignificar las formas hegemónicas de conocimiento desde el punto de vista de la racionalidad post-eurocéntrica de las subjetividades subalternas” (Grosfoguel y Castro-Gomez 2007, 21). Tal resistencia se fundamenta en una necesidad, como mencionan los autores, ético y política.
Finalmente, quiero terminar con el llamado que hace Alimonda (2011) frente a tener en cuenta el planteamiento de Rosa Luxemburgo y Karl Polanyi, sobre si lo decisivo en los orígenes de la economía de mercado es la transformación de seres humanos y de la naturaleza en “mercaderías ficticias”, las luchas de resistencia contra esta mercantilización pasan a adquirir una nueva trascendencia; ya no se trata de resistencias para la negación del progreso, como pretendió la hegemonía del iluminismo liberal y del marxismo normatizado. Ahora es necesario leerlas como formas de resistencia basadas en la defensa de sistemas tradicionales de organización social para el uso y disposición comunitaria de los recursos humanos y naturales, frente a los embates de la mercantilización (p. 39).
Alimonda, Héctor. Coord. 2011. “La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política Latinoamericana”. En La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina, 21–58. Buenos Aires: CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ediciones Ciccus.
Dávalos, Pablo. Coord. 2005. “Movimientos indígenas en América Latina: El derecho a la Palabra”. En Pueblos indígenas, estado y democracia, 17–33. Buenos Aires: CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Gemaná, César. 2011. El pensamiento desde el sur de los intelectuales críticos. En Memorias del II Foro Internacional y Encuentro ALAS, 53-59. Perú: Universidad Ricardo Palma.
Grosfoguel, Ramón y Castro-Gómez, Santiago. 2007. El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Gudynas, Eduardo. 2004. Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible. 5a Ed. Montevideo: CLAES - Centro Latino Americano de Ecología Social y de Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina para los textos originales.
Mariátegui, José Carlos. 2005. “El problema del indio”. En 7 Ensayos de la interpretación de la realidad peruana, 35-49, ed. 71. Perú: Minerva – Miraflores.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Acción Ecológica. 2011. Cuando Tiemblan los derechos: Extractivismo y criminalización en América Latina. Ecuador. Consultado 15 junio, 2011. http://www.rebelion.org/docs/150198.pdf
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. 2013. Reporte Primer Semestre 2013. Perú: CooperAcción. Acción solidaria para el desarrollo social. Grufides y Fedepaz.
Quijano, Aníbal. 2000. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. Edgardo Lander, 201-246. Buenos Aires: CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
_______. 2007. “Colonialidad del poder y clasificación social”. En El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, comps. Santiago Castro-Goméz y Ramón Grosfoguel, 93-126. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Pensar.
_______. 2010. “América Latina: hacia un nuevo sentido histórico”. En Sumak kawsay / buen vivir y cambios civilizatorios. 2da Ed, coord. Irene León, 55-71. Quito: FEDAEPS. Consultado 15 marzo, 2013. http://www.fedaeps.org/IMG/pdf/America_Latina_hacia_un_nuevo_sentido_historico.pdf
Acosta, Alberto. 2008. “El Buen Vivir, Una oportunidad para construir”. Revista Ecuador Debate, no. 75 (diciembre): 33-47. Quito: CAAP. Consultado 29 febrero, 2013. http://alainet.org/active/29019
Acosta, Alberto y Machado, Decio. 2012. “Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina”. OSAL Observatorio Social de América Latina, no. 32, año III (noviembre): 67-94. Buenos Aires: CLACSO. Consultado 30 febrero, 2013. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf
Castro Soto, Gustavo. 2013. “¿Qué es el extractivismo minero?”. El Escaramujo. Año 7, no. 31. 1-6. San Cristóbal de las Casas, Chiapas: Otros mundos. A.C. Consultado 29 marzo, 2013. http://www.otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo731_que_es_modelo_extractivo_minero.pdf
Choquehuanca Céspedes, David. 2010. “Hacia la reconstrucción del Vivir Bien”. América Latina en movimiento. Sumak Kawsay: Recuperar el sentido de vida, no. 452, año XXXIV, II época (febrero): 8-13. Consultado 30 marzo, 2013. http://alainet.org/publica/alai452w.pdf
Gudynas, Eduardo. 2011. “Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo”. América Latina en Movimiento, no. 462 (febrero): 1-20. Consultado marzo 30, 2013. http://www.uv.mx/personal/jmercon/files/2011/08/alai462-Buen-vivir-y-Gudynas.pdf
Huanacuni, Fernando. 2010. “Paradigma occidental y paradigma indígena originario”. . En América Latina en movimiento. Sumak Kawsay: Recuperar el sentido de vida, no. 452, año XXXIV, II época (febrero): 17-22. Consultado marzo 30, 2013. http://alainet.org/publica/alai452w.pdf
Lander, Edgardo. 2010. “Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria”. América Latina en movimiento. Sumak Kawsay: Recuperar el sentido de vida. no. 452, año XXXIV, II época (febrero): 1-3. Consultado marzo 30, 2013. http://alainet.org/publica/alai452w.pdf
Macas, Luis. 2010. “Sumak Kawsay: La vida en plenitud”. América Latina en movimiento. Sumak Kawsay: Recuperar el sentido de vida. no. 452, año XXXIV, II época (febrero): 14-16. Consultado marzo 30, 2013. http://alainet.org/publica/alai452w.pdf
Zibechi, Raúl. 2011. “El pensamiento crítico en el laberinto del progresismo”. Observatorio Social de América Latina. OSAL, año XII, no. 30 (noviembre): 19-24. Consultado octubre 24, 2013. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal30/osal30.pdf
Almeyra. Guillermo. 2012. “Un poco de historia del extractivismo minero”. La Jornada, 30 de septiembre, sección opinión. Consultado 25 octubre, 2013. http://www.jornada.unam.mx/2012/09/30/opinion/018a1pol
Diario El Comercio. 2011. “Quimsacocha es una reserva natural de agua y minerales”. Diario EL COMERCIO, 6 de noviembre, sección sociedad. Consultado 17 febrero, 2012. http://www.elcomercio.com/sociedad/Quimsacocha-reserva-natural-agua-minerales_0_585541537.html
Diario Hoy. 2013. “La Asamblea Nacional aprobó la Ley Minera, hay protestas en los exteriores del Legislativo”, 13 de junio. Consultado 20 junio, 2013. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-asamblea-nacional-aprobo-la-ley-minera-hay-protestas-en-los-exteriores-del-legislativo-583574.html.
Nadal. Alejandro. 2012. “Latinoamérica en la senda del neo-extractivismo”. La Jornada, 25 de abril, sección opinión. Consultado 25 octubre, 2013. http://www.jornada.unam.mx/2012/04/25/opinion/030a1eco
Zibechi, Raúl. 2012. “La tierra el agua y la resistencia. La Jornada, 10 de febrero, sección opinión. Consultado 26 octubre, 2013 http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol
Zibechi, Raúl. 2013. “Guerra minería en los Andes peruanos”. La Jornada, 8 de marzo Consultado 26 octubre, 2013 http://www.jornada.unam.mx/2013/03/08/opinion/027a2pol
Acción Ecológica. (s/f). “La Minería en el Ecuador”. Acción Ecológica. http://noalamineria.wordpress.com/algunos-aspectos-sobre-la-mineria-en-el-ecuador/ (consultado junio 15, 2011).
Acción Ecológica. 2013. “La Locomotora Minera de Ecuador”. Acción Ecológica. http://www.accionecologica.org/editoriales/1680-la-locomotora-minera-de-ecuador (consultado marzo 4, 2013).
Acosta, Alberto y Sacher, William. 2011. “Minería en Ecuador. El agua de Quimsacocha, entre la codicia y la vida”. Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138637 (consultado febrero 20, 2013).
Anaya, James. 2011. “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales de los indígenas: industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos”. Naciones Unidas http://unsr.jamesanaya.org/esp/annual-reports/informe-del-2011-al-consejo-de-derechos-humanos (consultado, abril de 2012).
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Página Oficial CAOI. 2012. http://www.coordinadoracaoi.org/# (consultado abril 15, 2012).
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. CAOI. 2011. “IV Minga global por la madre tierra. Minería y crisis del agua”. CAOI. http://www.coordinadoracaoi.org/portal/sites/default/files/agua%20y%20minga.pdf (consultado marzo 29, 2013).
Coordinadora nacional por la defensa de la vida y la soberanía. 2007. “El levantamiento contra la minería se desarrolla con contrapuntos en Ecuador”. Boletín de prensa. http://www.llacta.org/organiz/coms/2007/com0119.htm (consultado marzo 3, 2013).
Martínez Alier, Joan. 2012. “Quimsacocha: Mendigos sentados en saco de oro”. Por la Tierra Plantate. http://porlatierraplantate.wordpress.com/2012/10/10/quimsacocha-mendigos-sentados-en-un-saco-de-oro/ (consultado marzo 3, 2013).
Observatorio de Proyectos Mineros de América Latina. OCMAL. 2013. “Base de datos de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina” OCMAL. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. (consultado febrero 5, 2013).
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. OCMAL. 2013a. “Conflictos Mineros en Ecuador”. OCMAL. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032900 (consultado febrero 9, 2013).
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. OCMAL. 2013b “Conflictos Mineros en Ecuador. Pobladores de Azuay movilizados contra Quimsacocha para proteger el agua”. OCMAL. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=180 (consultado febrero 9, 2013).
Observatorio de Proyectos Mineros de América Latina. OCMAL. 2013c. “Conflictos mineros en el Perú”. OCMAL. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02034800 (consultado febrero 10, 2013).
Observatorio de Proyectos Mineros de América Latina. OCMAL. 2013d. “Cajamarca defiende sus aguas y dice no a proyecto Conga de Newmont”. OCMAL. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=196 (consultado febrero 10, 2013).
Zibechi, Raúl. 2013a. “Resistencia en los Andes a la Minería”. CIP Américas Noticias. http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19/12322 (consultado marzo 13, 2013).
Constitución Política del Ecuador. 1998. http://www.dirnea.org/data/leyes_y_reglamentos/Leyes%20Generales%20PDF/constitucion_republica_ecuador_2008.pdf (consultada noviembre 4, 2013).
Constitución Política del Ecuador. 2008. http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf (consultada marzo 4, 2013).
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 2009. http://www.presidencia.gob.bo/documentos/publicaciones/constitucion.pdf (consultada noviembre 4, 2013).
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Cuadernos de legislación indígena. Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf (consultada marzo 12, 2012).
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 2007. Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (consultada marzo 12, 2012).
Candidato Humala contra minería en lagunas (proyecto Conga). 2011. https://youtu.be/LqRlp1jJuP8 (consultado marzo 4, 2013).
Ecuavisa. 2011. “Quimsacocha será declarada zona de reserva para protección hídrica”. https://youtu.be/rtiJ4YUqDv4 (consultado febrero 15, 2013).
[1] Como paradigma emergente desde la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos, en permanente construcción y discusión hacia un nuevo horizonte de sentido histórico diferente al modelo global imperante basado en la lógica de la apropiación extractiva de los bienes de la naturaleza y la acumulación del capital.
[2] La colonialidad es entendida por Quijano (2007) “como uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder; y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a la escala social”. (p. 93)
[3] Principalmente, explotación de hidrocarburos, monocultivos para la producción de agrocombustibles, construcción de infraestructura vial, extracción minera y tala de bosques para madera.
[4] El neoliberalismo que por definición se presenta como voluntad, autoritaria, violenta e impositiva en la matriz epistemológica del pensamiento liberal con pretensión de universalidad, genera necesariamente conflictos cuando se encuentra con sociedades que piensan, actúan o viven de manera diferente, por tanto, pareciera ser que no existe espacio para reconocer la diferencia. (Dávalos 2005, 18).
[5] Es considera una zona estratégica y única en el planeta, por integrar diferentes tipos de ecosistemas representados en la cordillera de los andes, los páramos, los bosques altos andinos y la selva amazónica que la hacen fuente de agua, oxígeno y diversos recursos naturales, además alberga una de las mayores diversidades de flora, fauna y concentra el 95% de los glaciares tropicales del mundo. Sin duda, ello convierte a América del Sur en el blanco de la voracidad de países ricos y empresas multinacionales.
[6] Según Castro (2013), grandes transnacionales a nivel mundial han encontrado en llamados “países pobres” una serie de condiciones que favorecen la explotación de minerales con incentivos fiscales, menores costos de producción, rápidos procesos de apropiación y regulaciones ambientales menos estrictas. Así mismo, “la industria extractiva minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, a las condiciones y los actores político-económicos internacionales en cada país” (p. 5).
[7] La crisis que se viven en estas naciones acentúa las contradicciones, donde el contexto generalizado de pobreza y endeudamiento en muchos casos alimenta estrategias de desarrollo basadas en el extractivismo que profundizan los impactos económicos con dudosos resultados sociales y ambientales. (Gudynas, 2004).
[8] En el texto: “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”, escrito por José Carlos Mariátegui en 1928, este autor, descubre y esclarece desde la crítica socialista, diferentes visiones y tratamiento dados en el transcurso de la historia del Perú al llamado “Problema del indio”.
[9] La mayoría de las grandes compañías mineras provienen de América del Norte, en particular de Canadá, pero muchas compañías de extracción de gas y petróleo que operan actualmente son originarias de Europa. (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y Acción Ecológica 2011).
[10] Tal es el caso de la Reforma a la Ley de Minería, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador, pese a la rotunda negativa del movimiento indígena, representado a nivel nacional por la CONAIE y las disposiciones constitucionales frente a los derechos de la Naturaleza Art. 71, 72 Y 73 de la actual constitución política del Ecuador 2008.
[11] Rechazo al funcionamiento de bases militares norteamericanas, rechazo a la firma de tratados de libre comercio y nacionalización de los hidrocarburos y otras fuentes de energía y minerales no renovables, son algunos de los avances que se registran en estos países, bajo el mandato de gobiernos progresistas.
[12] Por conservadurismo se entiende la defensa por todos los medios del servilismo ante los intereses de la oligarquía local y de las empresas trasnacionales, así como a la política social e internacional que les dicta Washington. (Almeyra, 2012)
[13] Las Áreas de Bosque de Vegetación Protectora son declaradas con el fin de conservar los recursos biológicos, ecológicos, escénicos y naturales (suelo agua y clima). Estos bosques son inmensos reservorios naturales de agua, atraen la lluvia, son protectores de las cuencas hidrográficas, mantienen la calidad de los suelos, purifican el aire y fijan el CO2. http://noalamineria.wordpress.com/algunos-aspectos-sobre-la-mineria-en-el-ecuador/ (Consultada en junio 15 de 2011).
[14] Los siete conflictos reportados en Ecuador son: 1. Ecuacorrientes en Cordillera del Cóndor 2. Intag se opone a la minería de Ascendent Corp 3. Pobladores de Azuay movilizados contra el Proyecto Quimsacocha para proteger el agua 4. Bolivar exije salida de Curimining por problemas legales, ambientales y sociales, 5. CODELCO planea explotar el canton ecológico Cotacachi, 6. Habitantes de Shaglli defienden el agua e impiden el paso de minera siendo criminalizados y 7. Oposición a proyecto Fruta del Norte. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, conflictos mineros en Ecuador. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032900 (Consultada en febrero 9 de 2013).
[15] Para mayor ilustración ver noticia de Ecuavisa, “Quimsacocha será declarada zona de reserva para protección hídrica”. https://youtu.be/rtiJ4YUqDv4 (Consultada en febrero 15 de 2013).
[16] En lengua kichua se significa: “tres lagunas”.
[17] El proyecto Quimsacocha se divide en 4 concesiones: Cerro Casco, Río Falso, San Martín y Cristal. http://www.llacta.org/organiz/coms/2007/com0119.htm (Consultada en marzo 3 de 2012).
[18] La extracción pretende desarrollarse de manera subterránea con una inversión estimada de $400 millones al 2014 para desarrollo de la mina; $740 para accesos con gastos operativos y se esperan ingresos por $40 millones al año, durante los 7,5 años de vida utíl de los 12 años de ejecución total. Se utiliza procesos de lixiviación en pilas con cianuro de sodio y lixiviación en pilas con ácido sulfúrico y no ha entrado en funcionamiento, esperando que el gobierno resuelva los temas pendientes relacionados con su política minera.
[19] En auditorías ambientales de los suelos, agua, flora y fauna realizados por las universidades de Cuenca y del Azuay, financiadas por Iamgold, se confirma la diversidad vegetal de páramo, bosques de polylepis y montano. Además, dentro de la zona de exploración de las concesiones mineras, Cerro Casco y Río Falso se registran 72 especies de plantas, de las cuales cinco son endémicas., y en toda el área de Quimsacocha hay 380 especies de plantas. http://www.elcomercio.com/sociedad/Quimsacocha-reserva-natural-agua-minerales_0_585541537.html (Consultada en marzo 3 de 2012).
[20] A nivel Regional se destacan organizaciones como: Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui-Victoria del Portete, Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUAS), Comité de defensa de Medio Ambiente de la Región, Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay (FOA), Agrupación de Defensoras de la Pachamama y Junta de Agua del Río Portete. A su vez estas organizaciones se han articulado y recibido apoyo de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI.
[21] “… La minería es fundamental para la era moderna. Sin ella regresamos a la época de las cavernas. No podemos caer en la irresponsabilidad de ser mendigos sentados en un saco de oro. La minería correctamente manejada es positiva”. Rafael Correa Presidente de Ecuador en su visita a Quimsacocha Oct. 25 de 2011. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138637 (Consultada en febrero 20 de 2013)
[22] “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. Constitución Política de Ecuador 2008. Art. 98.
[23] Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui-Victoria del Portete, Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUAS), Comité de defensa de Medio Ambiente de la Región, Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay (FOA), Agrupación de Defensoras de la Pachamama y Junta de Agua del Río Portete.
[24] Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI.
[25] En la minería a cielo abierto, el mayor uso se da en el riego de vías internas para reducir el polvo en suspensión. Cifras disponibles indican que el agua utilizada en el riego de caminos puede variar entre cero y el quince por ciento del consumo total de agua de una operación minera. “IV Minga global por la madre tierra”, Minería y crisis del agua. (CAOI, 2011).
http://www.coordinadoracaoi.org/portal/sites/default/files/agua%20y%20minga.pdf (Consultada en marzo 29 de 2013).
[26] Además estos parajes cajamarquinos brindan valiosos servicios ambientales porque son zonas de purificación de aire, reciclaje de nutrientes, provisión y regulación de agua.
[27] Frente Departamental de Defensa Ambiental de Cajamarca, Frente de Defensa de Bambamarca, Asambleas regionales, Rondas Campesinas de la Zona, Juntas Administradoras del Servicio de Agua Potable de Agua Tapada, Cumbe Mayo, el Frente de Defensa Ambiental de la Cuenca el Ronquillo, Frente de Defensa del Distrito de Baños del Inca, Delegaciones de Comerciantes de los Mercados Modelo, San Antonio, San Sebastián, Comité Ejecutivo del SUTE Provincial de San Marcos, maestros de los SUTES Base de los CC.EE de Cajamarca, pobladores de los diferentes barrios de la ciudad de Cajamarca, Sindicato de Trabadores de la Universidad Nacional de Cajamarca, SITARMUN, entre otras delegaciones.
[28] Candidato Humala contra minería en lagunas (proyecto Conga) - 2011. https://youtu.be/LqRlp1jJuP8(Consultada en Marzo 4 de 2013)
[29] El proyecto utilizaría gran cantidad de agua porque la separación del metal de la roca se haría mediante flotación). De hecho, en las inmediaciones del Proyecto Conga existen cerca de 40 lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales, que se perderían para siempre. Pero el atractivo es evidente para la empresa: las 11 millones 800 mil onzas de oro proyectadas, a un costo de 250 dólares, le significarían ganancias de al menos 1750 dólares por onza, sin contar los 3.1 billones de libras de cobre, además de la plata. Las autoridades son también las otras ganadoras, pues saben que el funcionamiento de una mega minera les supone dinero que podrán repartir entre sí mismos y sus electores mediante planes sociales de corto alcance. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=196 (Consultada el febrero 10 de 2013).
[30] Frente Departamental de Defensa Ambiental de Cajamarca, Frente de defensa de Bambamarca y Sorochuco, Asambleas regionales, Rondas campesinas de la zona, Juntas Administradoras del Servicio de Agua Potable de Agua Tapada, Plataforma Interinstitucional Celendina, Comando Unitario de Lucha Cumbe Mayo, el Frente de Defensa Ambiental de la Cuenca el Ronquillo, Frente de Defensa del Distrito de Baños del Inca, Delegaciones de Comerciantes de los Mercados Modelo, San Antonio, San Sebastián, Comité Ejecutivo del SUTE Provincial de San Marcos, maestros de los SUTEP Base de los CC.EE de Cajamarca, pobladores de los diferentes barrios de la ciudad de Cajamarca, Sindicato de Trabadores de la Universidad Nacional de Cajamarca, SITARMUN, entre otras delegaciones.
[31] Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería CONACAMI, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI.
[32] 1. Agua y alimentación, 2. Ambiente sano, 3. Comunicación e información, 4. Cultura y Ciencia, 5. Educación, 6. Hábitat y vivienda, 7. Salud, 8. Trabajo y 9. Seguridad social. Capitulo segundo. Constitución política de la Republica de Ecuador 2008.
[33] Alberto Acosta es Economista. Profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
[34] Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo, Uruguay (egudynas@ambiental.net). El presente artículo ofrece algunos resultados de una evaluación sobre los sectores extractivos y la sustentabilidad en América del Sur. Algunas ideas fueron adelantadas en la mesa.
redonda “Alternativas a una economía extractivista”, convocada por CAAP y FLACSO en Quito (28 julio 2009); el manuscrito final fue revisado por Mariela Buonom.
[35] Es profesor principal de sociología en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos donde ha sido Decano de la misma.
[36] Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Extracto de la ponencia sustentada en el Encuentro Latinoamericano “Pachamama, Pueblos, Liberación y Sumak Kawsay”, organizado por la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en la celebración del Primer Centenario de Nacimiento de Mons. Leonidas Proaño, Quito, 27 de enero del 2010.
[37] Fernando Huanacuni, historiador aymara boliviano, realizó un estudio para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) sobre el “Buen Vivir / Vivir Bien: Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias de los Pueblos Indígenas Andinos”, del cual hace parte el presente texto.
[38] Luis Macas, abogado kichwa ecuatoriano, ex-presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y ex–candidato presidencial por Pachakutik.