La imaginación jurídica subalterna, el derecho austral y la abogacía
militante. Nuevos instrumentos analíticos para prácticas jurídicas insurgentes
y descolonizantes
Resumen
A partir de mi
trabajo militante en el Colectivo Emancipaciones con pueblos y comunidades que
luchan por sus derechos a la autonomía y al autogobierno indígena, así como de
una serie de espacios de intercambio de experiencias y conocimientos con otros
abogados y abogadas comprometidos de México que he procurado en los últimos
años, presento en esta contribución tres nociones que son auténticos pilares
para el trabajo jurídico, teniendo como base la propuesta de la antropología
jurídica militante que he venido desarrollando en los últimos trece años.
Dichos instrumentos analíticos son la Imaginación Jurídica Subalterna, el
Derecho Austral y la Abogacía Militante; todos ellos aspiran a sumarse a la
rica tradición latinoamericana de pensamiento jurídico crítico y militante.
Palabras-clave
Imaginación
jurídica subalterna. Derecho austral. Abogacía militante. Uso contrahegemónico
del derecho. Pueblos
y comunidades indígenas.
Resumo
Com
base no meu trabalho militante no Coletivo Emancipaciones com povos e
comunidades indígenas que lutam pelos seus direitos à autonomia e
autogovernação, bem como numa série de espaços de troca de experiências e
conhecimentos com outros juristas mexicanos empenhados que tenho promovido nos
últimos anos, apresento neste contributo três noções que são autênticos pilares
para o trabalho jurídico, tendo por base a antropologia jurídica militante que
tenho vindo a desenvolver nos últimos treze anos. Estes instrumentos analíticos
são a Imaginação Jurídica Subalterna, o Direito do Sul e a Advocacia Militante;
todos eles aspiram a juntar-se à rica tradição latino-americana de pensamento
jurídico crítico e militante.
Palavras-chave
Imaginação
jurídica subalterna. Direito do Sul. Advocacia militante. Uso
contra-hegemônico do direito. Povos e comunidades indígenas.
Abstract
Based
on my militant work in the Emancipaciones Collective with indigenous peoples
and communities fighting for their rights to autonomy and self-governance, as
well as a series of spaces for exchanging experiences and knowledge with other
committed Mexican lawyers that I have fostered in recent years, I present in
this contribution three notions that are authentic pillars for legal work,
based on the militant legal anthropology I have been developing for the past
thirteen years. These analytical instruments are Subaltern Legal Imagination,
Southern Law, and Militant Advocacy; all of them aspire to join the rich Latin
American tradition of critical and militant legal thought.
Keywords
Subaltern
legal imagination. Southern law. Militant advocacy. Counter-hegemonic use of
law. Indigenous peoples and communities.
1
Introducción
En la década de los ochenta del siglo
XX se inició en algunos países de América del Sur una rica reflexión en torno
al uso alternativo del derecho y a las prácticas de los abogados que seguían
esta forma herética y disruptiva de ejercer la profesión jurídica. En países
como Brasil floreció una extensa literatura sobre los abogados populares; en
otros, como Colombia, se desarrolló una importante literatura sobre los
servicios legales alternativos. En ambos casos las inspiraciones teóricas y
políticas que impulsaban estos planteamientos descansaban en diversas
tradiciones del pensamiento socialista.
No obstante, en la década de los
noventa se produjo en varios países de Nuestra América una novedad que incidió
decisivamente en el terreno de las ideas y las prácticas jurídicas
comprometidas, que hasta ese momento pertenecían casi de manera exclusiva a los
planteamientos jurídicos de inspiración socialista. En países como México, la
última década del siglo XX fue el momento en que el discurso de los derechos
humanos comenzó a adquirir mayor relevancia y fuerza, tanto en la academia como
en las instituciones estatales y en la sociedad civil organizada.
Si bien México, a diferencia de otros
países como Brasil, Colombia e incluso Argentina, no se caracterizó por una
escuela de abogados comprometidos de características similares a los de América
del Sur, ni por un pensamiento jurídico crítico que acompañara su acción —con
la notable excepción del profesor Jesús Antonio de la Torre Rangel (2006)—, sí
contó con tradiciones e ideales jurídicos que podríamos ubicar en la órbita del
pensamiento de la izquierda; por ejemplo, el derecho social y la vocación que
suponía ser abogado laboralista o abogado agrarista.
Estos referentes del derecho social en
México, sin embargo, perdieron la exclusividad de la lucha contra la injusticia
y violencia en los años noventa y en la primera década del siglo XXI con el
arribo de un nuevo discurso jurídico y con él una nueva visión sobre la
justicia, las escalas del derecho y una ideología política fundada en los
valores liberales. Poco a poco, la lucha contra la injusticia y la violencia
comenzó a identificarse a través de la retórica de los derechos humanos, sus
actores, sus procedimientos judiciales y sus estrategias políticas. Por
supuesto, esto no implicó la desaparición total de los abogados laborales y
agraristas que de alguna manera han mantenido vivos los valores y principios de
la justicia social.
Aunque con los años se han ido
estableciendo algunos patrones que hoy en día podríamos caracterizar como
dominantes dentro de la movilización de los derechos humanos (tales como el
protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos
humanos como los principales actores en este movimiento; un discurso liberal de
los derechos humanos; el litigio estratégico como forma de trabajo, entre
otros), de ninguna manera esto ha implicado la constitución de una unidad
homogénea de las maneras de movilizar los derechos humanos. De tal forma que en
la actualidad coexisten en México una basta diversidad de actores y prácticas
jurídicas que movilizan el derecho estatal y los derechos humanos en favor de
los sectores oprimidos y populares.
En contraste con esta diversidad
existente en México —y me atrevería a decir que en América Latina—, encontramos
una escasa reflexión académica sobre ésta. Por este motivo, y por las propias
inquietudes de mi trabajo jurídico-militante en el Colectivo Emancipaciones,
desde el que acompaño con otras y otros colegas procesos de lucha política y
jurídica por la autonomía indígena en Michoacán y en otras regiones de México,
formulé y coordiné un proyecto de investigación auspiciado por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) titulado “Diálogo de saberes y prácticas
jurídicas militantes en América Latina”, el cual desarrollé junto con colegas
abogados, antropólogos, sociólogos, entre otros, durante los años de 2017 a
2019.
El propósito que alentó ese proyecto
fueron una serie de preguntas muy sencillas que descubrimos que compartíamos
con varios colegas de México y de Nuestra América que nos sentíamos increpados
por las formas en que realizábamos nuestra actividad militante y lo que
juzgamos era una ausencia de reflexión académica en torno a nuestro
acompañamiento de los procesos de resistencia. Algunas de las preguntas que
guiaron nuestras inquietudes fueron: ¿Todas las intervenciones jurídicas en
favor de los oprimidos son iguales? ¿Todos los abogados y otros profesionales
que colaboramos con luchas sociales en los diversos campos jurídicos lo hacemos
de la misma manera y con las mismas convicciones?
Varios años han pasado desde que
concluimos aquel proyecto, cuyo intercambio de experiencias y conocimientos
fortalecieron mi trabajo militante con diversas comunidades indígenas de
México, así como mi reflexión teórica de los años venideros. En esta contribución
presento una serie de planteamientos analíticos que he ido desarrollando a lo
largo del tiempo en diversos trabajos, los cuales sintetizan gran parte de mi
recorrido militante y teórico en el campo del uso contrahegemónico del derecho
estatal, que ya se extiende por trece años. En consecuencia, propongo la
siguiente ruta para el desarrollo de esta contribución.
En primer lugar, me concentraré en
presentar la noción de “imaginación jurídica subalterna” de los pueblos y
comunidades indígenas, aprovechando reflexiones y discusiones de la literatura
antropológica, de la antropología jurídica mexicana (AJMx) y, por supuesto, de
mi propio trabajo militante. En un segundo momento, me referiré a la idea del
“derecho austral” y su pertinencia frente a otras categorías como la de
“derecho insurgente”. Finalmente, me concentraré en caracterizar la abogacía
militante como una forma de movilizar y practicar el derecho surgida del
trabajo militante con las comunidades y pueblos indígenas, pero con un
potencial expandible para la colaboración con otros sectores y grupos sociales.
Cierro este artículo con algunos comentarios finales.
2
Imaginación jurídica subalterna: ¿hacer
derecho para el pueblo o los pueblos haciendo derecho?
La premisa central que sostiene mi
propuesta de trabajo va en contra de lo que en otro lugar denominé “abogado
rey” (Aragón Andrade, 2023, p. 167-169). Esta idea la formulé en el contexto de
mi experiencia como abogado de la comunidad purépecha de Cherán K’eri y de la
mano de la crítica que el filósofo francés Jacques Rancière planteó a las
filosofías y teorías elitistas y críticas que colocan al filósofo y al
sociólogo como los únicos sujetos emancipadores; esto es, como los únicos
sujetos capaces de conocer y burlar los resortes del poder y cuyo papel, por
extensión, sería el de guiar a los oprimidos incapaces de ver y actuar por sí
mismos en su lucha contra la opresión.
Mediante su conocimiento técnico, el
abogado rey se asume como el único sujeto capaz de sortear los desafíos que se
presentan en la disputa jurídica que, como sabemos, comúnmente se mezcla con la
lucha política. El riesgo más grande que supone este tipo de abogado para un
proceso de resistencia consiste en que decisiones jurídicas no tomadas con los
actores protagonistas de las luchas terminen condicionando el destino de la
lucha misma. Esto significa que un proceso de resistencia popular puede
terminar convirtiéndose en un litigio que desmoviliza su fuerza transformadora,
o bien, puede conducir a desdibujar el papel de los protagonistas de la lucha
para remplazarlos por los actores que dominan el campo jurídico.
El abogado rey reproduce una lógica
inserta de manera transversal en la forma convencional de ejercer la profesión
de la abogacía, que consiste en suponer que detenta el monopolio del
conocimiento relevante para disputa político-legal. Basada en un privilegio
epistémico, esta lógica cala tan hondo que puede encontrase, incluso, en
abogados que defienden convicciones políticas muy diferentes: desde aquellos
que abrazan la supuesta neutralidad del derecho estatal hasta los que defienden
de manera comprometida a los sectores populares y sus luchas de resistencia.
Desde mi participación en el proceso de
lucha comunal de Cherán K’eri pude advertir la incorrección de este supuesto
epistemológico, así como las consecuencias negativas que acarreaba para un uso
contrahegemónico del derecho estatal. Frente a la lógica del abogado rey
recuperé los procedimientos propuestos por las epistemologías del sur (Santos,
2009a y 2019) y, adaptados al contexto que enfrenté en aquel momento, la
traducción jurídica intercultural y la ecología de saberes jurídicos (Aragón
Andrade, 2023).
En aquella época, sin embargo, esta
apuesta se basaba en una sola experiencia de trabajo jurídico-militante. En los
años subsecuentes tuve la oportunidad de participar como abogado militante de
más de veinte comunidades purépechas, mazahuas, otomís, nahuas y tsotsiles de
Michoacán, Ciudad de México y Chiapas, en diferentes momentos, campos jurídicos
y condiciones políticas. Con ello, he podido corroborar la importancia de los
saberes jurídico-políticos de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos
de lucha jurídica en los que he participado.
Existe una literatura antropológica e
histórica más o menos basta que da cuenta de cómo los pueblos indígenas en
México han utilizado el derecho colonial y estatal como instrumento de lucha
para defender sus causas (Roth Seneff, 2004). No obstante, esas investigaciones
no han profundizado en el papel que los conocimientos jurídicos y políticos
propios han desempeñado en esos procesos de resistencia. Esta cuestión se hace
más problemática debido a una tendencia que ha permeado en la reflexión sobre
las justicias indígenas y el pluralismo jurídico, tanto en la literatura de la
crítica jurídica como en una vertiente antropológica que ha cobrado visibilidad
e influencia en los últimos años en México a raíz del posicionamiento del
neozapatismo frente al Estado y su derecho.
Algunos autores representativos de la
crítica jurídica y del uso alternativo del derecho en América Latina han
propuesto llevar el uso alternativo del derecho hacia otras formas de legalidad
no estatales reproducidas por los indígenas, los pobres y los excluidos
(Correas, 1993; De la Torre Rangel, 2006; Wolkmer, 2007). Inclusive, para
varios de ellos, la esperanza de construir un derecho emancipador se sostiene
fundamentalmente en esta dimensión de pluralismo jurídico. A pesar de este
importante gesto descolonizador en sus análisis, el derecho estatal y las
justicias indígenas, populares y campesinas aparecen si no como dos caminos
separados sí como dos estrategias claramente distinguibles en el uso
alternativo del derecho. Mientras que en una se tiene que lidiar exclusivamente
con las reglas, las lógicas y las normas del derecho de los poderosos, la otra,
aparece como un espacio más privilegiado para la insurgencia.
Algunos estudios antropológicos en
México ofrecen un correlato de esta lectura jurídica. La academia cercana a las
organizaciones neozapatistas ha promovido desde 2001, cuando se produjo el giro
de posición del neozapatismo frente al Estado y su legalidad, una posición
esencialista en la que se opone a los pueblos y comunidades indígenas frente al
Estado y su derecho, como si se tratasen de actores que intrínsecamente son
contrarios, que tienen un carácter opuesto o que históricamente han mantenido
caminos separados. Este discurso tiene un impacto que no es menor en el
imaginario y en las posiciones políticas que se promueven desde hace algún
tiempo; de hecho, de ahí es que puede entenderse la preferencia neozapatista
por una forma de autonomía en particular y su desconfianza —por decir lo menos—
en otras, como las que implican un reconocimiento jurídico.
Como se puede advertir, estos dos
planteamientos críticos conducen a concluir que los pueblos y comunidades
indígenas no pueden incidir activamente en el desarrollo y en los sentidos del
derecho estatal y de la positivación de los derechos humanos, ya que dicha
legalidad no solo les resultaría ajena sino, incluso, contraria por naturaleza
a sus propios derechos, o como decimos en la AJMx, contraria a sus justicias
indígenas. No obstante, tal como sostuve desde mis primeras reflexiones a
partir de la experiencia de trabajo jurídico-militante con Cherán (Aragón
Andrade, 2023), difiero de estas lecturas en las que los pueblos y comunidades
indígenas aparecen como sujetos desposeídos de conocimientos relevantes para la
lucha jurídica en los múltiples campos de la legalidad estatal y, por lo tanto,
incapaces de incidir en el desarrollo de ésta.
Otras investigaciones críticas que
cuestionan estas lecturas esencialistas me permiten, al lado de mi trabajo
militante, sostener esta afirmación. En efecto, existe suficiente evidencia
basada en investigaciones históricas y antropológicas que dan cuenta de cómo la
historia de los pueblos y comunidades indígenas de México se encuentra
profundamente relacionada con la del Estado mexicano, especialmente por los
distintos proyectos coloniales y modernizantes que se han promovido a lo largo
de los siglos. Esta afirmación es tal que muchas de las instituciones, formas
de organización, prácticas y demás manifestaciones culturales que hoy se
consideran propias son, en realidad, el resultado de la tensión y resistencia
activa a los imperativos estatales. Así nos lo recuerda Carlos Paredes para el
caso de las comunidades purépechas. Este antropólogo sostiene que las
“instituciones indígenas” en Michoacán son producto, por un lado, de la
imposición colonial y, por el otro, de la adaptación y recreación de éstas por
parte de los pueblos indígenas asentados en Michoacán (Paredes Martínez, 2003,
p. 131-132).
Un diagnóstico similar podemos
encontrarlo desde las obras pioneras de la AJMx que se interesaron en la
relación del derecho estatal con las justicias indígenas. Estos trabajos nos
han enseñado que históricamente estas dos legalidades han mantenido una relación
compleja, que no puede reducirse a la oposición, donde la complementariedad, el
encuentro y la influencia recíproca tienen un lugar fundamental. Por ello es
que nociones como la de “interlegalidad” (Santos, 1991) cuentan con tanta
aceptación en la disciplina.
Estas investigaciones antropológicas
nos aportan elementos para entender que la relación entre las comunidades y el
derecho colonial y estatal en absoluto es lejana y ajena; por el contrario, los
pueblos y comunidades han acumulado experiencia y conocimiento a lo largo de
siglos para resistirlos y mantener vigentes sus derechos y formas de
organización propias. Justamente estas experiencias y conocimientos de lucha y
resistencia son los que los dotan de los elementos para, posteriormente,
incidir en el desarrollo y conformación del derecho estatal.
En su obra clásica, Campesinado
y nación. La construcción de México y Perú poscoloniales, Florencia Mallon
(2003) documenta y argumenta cómo algunas comunidades indígenas de Morelos
lograron disputar el sentido de la nación y el nacionalismo de manera activa y
consciente a través de las interpretaciones y sentidos propios que sobre la
nación se producían desde sus espacios comunales. Para Mallon esas comunidades
indígenas no se encontraban desposeídas de conocimiento o conciencia de los
procesos más amplios de los que formaban parte; muy por el contrario, a través
de su inserción en esos mismos procesos formularon proyectos alternativos que
primero se constituyeron como hegemonía comunal en un espacio íntimo y,
posteriormente, en una escala supracomunal conformaron procesos
contrahegemónicos que contrastaban con los sentidos y contenidos impulsados por
las élites nacionales.
Una tarea similar es la que he
sostenido en estos años de trabajo jurídico-militante con las comunidades
indígenas que he colaborado. A partir de una etnografía jurídica militante, he
logrado documentar cómo las comunidades indígenas de Michoacán han conseguido
dotar de un contenido propio, de acuerdo con sus necesidades y demandas, el
derecho al autogobierno indígena. A esta potencia de las comunidades y pueblos
indígenas la he denominado “imaginación jurídica subalterna” (Aragón Andrade,
2024a), la cual sintetizaría la capacidad de entender, pensar, intervenir,
resistir e, incluso, desbordar el derecho estatal y los derechos humanos.
Según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española imaginar significa “representar en la
mente la imagen de algo o de alguien”, “inventar o crear algo”. A mi entender,
la imaginación jurídica subalterna implica las dos cosas: por un lado, un
trabajo de representación —naturalmente parcial e incompleto— del lugar propio
ante el Estado, su legalidad e imperativos; por otro, un acto creativo de
rebeldía frente a este desafío que echa mano de sus propios recursos,
conocimientos, necesidades y fortalezas para resistirlo, intervenirlo y/o
habitarlo. Esta imaginación jurídica es subalterna porque, siguiendo a Gramsci
(1970), sería propia de los grupos y colectivos oprimidos y marginalizados que
resisten activamente la dominación y la opresión que les es impuesta, ya no
solo por el Estado o por el sistema capitalista, sino por las tres principales
formas de dominación de nuestros días: el capitalismo, el colonialismo y el
patriarcado.
Esta imaginación jurídica
subalterna, por supuesto, no es una capacidad dada o que esté siempre presente
en todos los procesos en los que los pueblos y comunidades enfrentan el derecho
estatal. Se trata más bien de una capacidad adquirida a la luz de los procesos
históricos y presentes de resistencia de los pueblos y comunidades. Además,
puede ser alimentada y potenciada por el diálogo y aprendizaje recíproco con
otros conocimientos críticos y militantes para alcanzar escalas del derecho y
objetivos políticos más amplios que el de un episodio de lucha comunal
concreta, tal como nos lo enseña el proceso de lucha por el autogobierno
indígena en Michoacán (Aragón Andrade, 2021a, 2022a y 2023).
Es justo esta capacidad para
intervenir en el terreno judicial y en el campo legislativo lo que documento en
mi libro El derecho en insurrección (Aragón Andrade, 2023). A
partir de la experiencia de lucha de la comunidad purépecha de Cherán K’eri, en
esta obra doy cuenta de lo determinante de los conocimientos y saberes
políticos y jurídicos de la comunidad para irrumpir en el escenario político,
para dotar de ciertos sentidos al derecho del autogobierno indígena y para, a
través de esa nueva hegemonía comunal, disputar en escalas mayores el
entendimiento de los derechos de autonomía y autogobierno indígenas en México
en los diferentes campos jurídicos del derecho estatal.
En su libro El desarrollo
indígena, una promesa esquiva, Karen Engle (2018) nos ofrece otro ejemplo
de esta capacidad de las organizaciones indígenas de dotar de contenidos e
incidir en el desarrollo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En
esta obra la autora estudia, en la escala del derecho internacional, cómo las
propias organizaciones indígenas fueron perfilando dos paradigmas que
finalmente entraron en competencia, uno asociado a la autodeterminación y otro
a la cultura y los derechos culturales.
Es entonces en esta potencia, en
la imaginación jurídica subalterna, en donde se funda la apuesta de una
abogacía sustentada en prácticas jurídicas descolonizantes; no en la
desposesión de conocimientos relevantes para la lucha político-jurídica, sino
en la capacidad de imaginar jurídicamente de los pueblos y comunidades
indígenas, que según la propia literatura de la sociología jurídica no deberían
de ser considerados como los únicos sectores populares con esta capacidad. Dos
tipos de literatura de la sociología del derecho nos sugieren esta posibilidad,
por un lado, los trabajos sobre el derecho internacional y la globalización del
derecho (Rajagopal, 2005; Santos y Rodríguez Garavito, 2007), por otro, los
trabajos sobre conciencia legal (Ewick y Silbey, 1998;
Ewick y Silbey, 2005; Mccann y March, 2005). En ambas
se muestran cómo los oprimidos son capaces de resistir, influir, desbordar y
esquivar la violencia del derecho. Es en la imaginación jurídica subalterna en
la que radica, a mi manera de ver, la posibilidad de desbordar los límites del
derecho estatal y de los derechos humanos y, por lo tanto, de conseguir un uso
contrahegemónico del derecho de mayor intensidad.
3
Derecho austral o hacer derecho en comunidad
La consecuencia más importante que
se desprende de la potencia y capacidad que supone la imaginación jurídica
subalterna para los abogados que trabajamos con los pueblos oprimidos consiste
en que nuestras intervenciones en el campo jurídico son en realidad —si no
asumimos el papel del “abogado rey” (Aragón Andrade, 2023)— el resultado de la
suma de una pluralidad de conocimientos, saberes, esfuerzos y actores
individuales y colectivos que convergen en el compromiso con una lucha o
resistencia concreta.
En este sentido, el “derecho
insurgente”, con todos los matices con que ha sido entendido por la literatura
jurídica crítica de Brasil (Baldez, 1989; Pressburger, 1990; Pazello, 2016 y
2022), no solo debería de considerarse por su aspiración política disruptiva
con el sistema capitalista, por su potencia transformadora de la legalidad
dominante o por ser una legalidad nacida de los movimientos sociales, sino
también por la forma en que se construye, esto es, desbordando las lógicas y
límites epistemológicos en los que tradicionalmente se ha entendido el papel de
los abogados en los procesos de resistencia, y en los cuales también se
reproducen formas de poder.
Por esta razón, y desde mi propia
experiencia, el derecho insurgente debería ser aquel que desde su conformación
se hace de manera insurrecta: desafiando los privilegios epistemológicos de los
abogados, expertos e intelectuales tradicionales; es decir, un derecho que se
hace de manera colectiva, en comunidad, a partir de diversos referentes,
experiencias, trayectorias y conocimientos pasados y presentes de lucha que se
encuentran, se suman y entretejen en un proceso de lucha y en un campo jurídico
concreto.
Esta manera de hacer derecho se
teje a partir de distintos “sures”, en tanto metáfora de resistencia y rebeldía
a las violencias múltiples que padecemos por el sistema capitalista, patriarcal
y colonial (Santos, 2000), que pueden proceder de trayectorias colectivas,
comunales, individuales, profesionales, legas, etcétera, de luchas presentes o
pasadas, pero que convergen para formar un nuevo derecho desde los del sur y
para los del sur. Desde mi perspectiva, esta cuestión es fundamental, dado que
un derecho insurgente tiene que partir de un acto de justicia epistemológica,
es decir, del reconocimiento y visibilización de los actores que resisten, así
como de los conocimientos y saberes que aportan a la lucha jurídico-política
que mantienen. Por esta razón, propongo la idea del “derecho austral”, la cual
busca poner énfasis en esta dimensión de entender de manera descolonizante el
carácter subversivo del derecho que se moviliza en los procesos de lucha
político-jurídica por los pueblos oprimidos.
El derecho austral está
constituido, entonces, del diálogo y la alianza profunda o enraizada (Robles
Zamarripa, 2021) que establecen diferentes actores y saberes en insurgencia y
rebeldía. No puede ser producto de un actor, de una sola lucha o de una sola
matriz de conocimiento; su condición es la construcción colectiva y en
comunidad; por esa razón, el diálogo de saberes y quehaceres en rebeldía o
insurgencia resultan necesarios para su existencia.
Podría considerarse erróneamente
que el derecho austral está constituido únicamente de los conocimientos
técnicos de los abogados que acompañan los procesos y de los saberes políticos
y jurídicos de los pueblos y comunidades originarias, pero el panorama es mucho
más complejo, al menos en el contexto mexicano. Para comenzar, se debe partir
de un distanciamiento, que desafortunadamente no se ha hecho con el suficiente
énfasis en la literatura crítica del derecho en México y, me atrevería decir, en
términos generales, que en América Latina, que consiste en dejar de concebir a
la legalidad hegemónica en términos monistas, esto es, de limitarla al derecho
estatal.
Como fue advertido desde la década
de los noventa, la legalidad dominante del neoliberalismo se sustenta en un
pluralismo jurídico que se ha radicalizado con la globalización del derecho.
Por supuesto, este pluralismo jurídico es muy diferente al que conocemos y que
se suele pensar para los pueblos y comunidades indígenas de América Latina. Se
trata más bien de la lex mercatoria de los tratados de libre comercio,
del arbitraje comercial internacional, del derecho internacional de los
derechos humanos, entre otros instrumentos legales que han debilitado en su
fuerza al derecho estatal. No obstante, este pluralismo jurídico no se reduce
a la esfera externa del derecho estatal, sino también a su esfera interna,
dotándolo de un carácter mucho más complejo e indeterminado (Aragón Andrade,
2021b).
El impacto de los imperativos
jurídicos promovidos por la globalización del derecho neoliberal en el derecho
interno, así como la supervivencia de instituciones, cuerpos normativos,
procedimientos y culturas jurídicas previas a este periodo han generado una
realidad legal en la que actualmente coexisten normas jurídicas, instituciones,
preceptos constitucionales, culturas legales, procedimientos judiciales que
proceden de diferentes periodos históricos y que responden a diferentes
proyectos políticos y económicos del Estado mexicano. Boaventura de Sousa
Santos (Santos, 2009b, p. 262-270) utilizó la metáfora del “palimpsesto
jurídico” para describir una realidad sociojurídica similar en Mozambique, ya
que a partir de esta noción procedente de la arqueología se puede describir la
convivencia intricada de todas estas figuras del derecho.
Como advertí en otro trabajo (Aragón
Andrade, 2021b), esta categoría y otras de la ciencia del derecho son ya
insuficientes para explicar la realidad sociojurídica de la legalidad estatal
en México en la que se mueven los procesos de lucha de los pueblos y
comunidades originarias. El derecho estatal no solo es heterogéneo internamente
hablando, no solo es indeterminado; es, además, esquizofrénico.
El pluralismo jurídico interno de
la legalidad estatal ante el cual intervienen los pueblos y comunidades en sus
procesos de resistencia está caracterizado por nuevas y cada vez más frecuentes
situaciones y relaciones de sobreposición conflictiva entre diferentes normas
jurídicas y criterios de interpretación judicial, simultáneamente vigentes y
aplicables a una misma situación legal al interior del derecho estatal
mexicano. Estas relaciones conflictivas que supone, lo que he llamado
“esquizofrenia legal”, no se manifiestan de una sola manera. Puede articularse
de una forma ante la contradicción entre distintas legislaciones
(internacionales, nacionales y locales) aplicables para una misma situación; de
otra, ante diferencias entre legislaciones y resoluciones judiciales; y,
finalmente, de una más ante divergencias entre sentencias de distintos
tribunales o de criterios jurisprudenciales.
El derecho al autogobierno
indígena en México es un caso paradigmático para observar este fenómeno. Por
ejemplo, en cómo lo han tratado en su respectiva jurisprudencia la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, los dos máximos tribunales constitucionales del Estado mexicano, al
grado que parece que interpretan preceptos constitucionales diferentes, cuando
no es así (Aragón Andrade, 2021b).
El aumento de la ambigüedad,
fragmentación, heterogeneidad e incertidumbre en algunos campos del derecho
estatal que muestran la noción de la esquizofrenia legal no debe llevarnos a la
conclusión de que ésta tiene un carácter azaroso o indeterminado que puede
resultar en cualquier cosa; no. Ésta responde y está limitada por un universo
de referentes legales, con la misma asimetría de poder que, así como
generalmente favorece al status quo, ocasionalmente abre la puerta para
el cuestionamiento de éste o para los triunfos acotados de los pueblos y
comunidades u otros grupos oprimidos.
La heterogeneidad manifiesta en la
esquizofrenia legal abre la puerta para que distintos actores en resistencia
usen el derecho estatal como instrumento de lucha en la actualidad. Sin
embargo, esta tarea supone un trabajo cada vez más complejo que no depende de
un solo actor, de un solo tipo de conocimiento, ni de un solo tipo de saber
jurídico. Al contrario, los procesos de trabajo legal, por ejemplo, en el
terreno judicial, exigen cada vez más la suma de conocimiento y saberes
técnicos, indígenas y populares para salir adelante en este contexto
esquizofrénico, incluso para aprovecharlo a favor de las luchas de los
oprimidos.
Se requieren estrategias
judiciales cada vez más complejas en las que además de argumentos jurídicos se
presenten pruebas que implican otros conocimientos científicos como el
antropológico, el psicosocial, el histórico, el ambiental, etcétera. De tal forma
que en el terreno de la lucha judicial por los derechos de los pueblos indígena
cada vez más se suman conocimientos técnicos de distinto tipos de peritos, que
al menos en teoría tendrían que estar articulados con la estrategia judicial
planteada por los abogados. Este diálogo interdisciplinario de conocimientos
técnicos se suma al diálogo de saberes y conocimientos de los pueblos y
comunidades. Por lo tanto, el derecho austral no es en absoluto un fenómeno
marginal, sino una práctica creciente en los procesos de lucha político-legal
del presente.
El derecho austral, sin embargo,
supone un desafío de primer orden para los abogados que consiste en aprender
y/o hacer conscientes metodologías de trabajo colaborativo e interculturales.
Esta tarea en absoluto resulta sencilla para los practicantes de una profesión
que históricamente se ha basado en el monopolio del conocimiento relevante para
la disputa jurídica y política. El abogado rey en ningún momento tendría los
elementos para realizar este trabajo, ni la necesidad de hacerlo; mientras que
otros abogados que acompañan luchas y procesos de resistencia de manera más
colaborativa y participativa en muchas ocasiones no realizan ejercicios
reflexivos de sus prácticas que permitan ir formando un corpus
metodológico y crítico para la producción de derecho austral.
Para esta labor resulta
fundamental el trabajo de traducción jurídica intercultural y de ecología de
saberes jurídicos. Se trata de procedimientos propuestos originalmente por las
epistemologías del sur (Santos 2009a y 2019) mediante los cuales, primero, se
hacen inteligibles —siempre de manera limitada y desigual— para los actores que
participan en un proceso de lucha jurídica y política (abogados, integrantes de
las comunidades, antropólogos, traductores, comunicadores u otros acompañantes
comprometidos) distintos conocimientos y saberes de matrices epistemológicas
diferentes; y, segundo, se llegan a acuerdos producto de esa traducción y
diálogo que constituyen nuevos conocimientos interculturales que serán
movilizados en los distintos momentos y campos políticos y jurídicos que tengan
lugar en un proceso de movilización legal.
En mi experiencia, este trabajo ha
estado guiado por la forma asamblearia, muy difundida entre los pueblos y
comunidades con los que he trabajo. Como es bien conocido, en muchos pueblos
mesoamericanos las asambleas comunales son consideradas por sus habitantes como
los máximos espacios de deliberación y decisión comunal. En ellas se toman, de
distintas maneras y con diferentes interlocutores, las decisiones más
trascendentales para el presente y futuro de un pueblo. No obstante, este no es
el único papel que desarrollan al interior de la comunidad. Las propuestas, los
debates y las decisiones que en ellas se toman no se hacen de manera azarosa o
arbitraria, se realizan contrastando puntos de vista, información, experiencia
y conocimientos a partir de los cuales discursos de verdad son o no avalados por
la mayoría de los participantes de este espacio.
Este referente en común de las
comunidades, que he propuesto llamar “asamblea de saberes” (Aragón Andrade,
2024a), ha sido el principal mecanismo y metodología de trabajo que hemos
empleado con las comunidades, abogados y otros actores que a ellas concurren
para lograr la traducción jurídica intercultural y la ecología de saberes
jurídicos en los procesos de lucha jurídica comunal e intercomunal, judicial o
legislativa en los que hemos participado. Es importante advertir que al
interior de estas asambleas no solo concurren saberes jurídicos en sentido
estricto, sino todos aquellos saberes que se encuentran internamente imbricados
en las comunidades; así como todos aquellos saberes externos que se valoren
como importantes para los procesos que se estén discutiendo y trabajando.
De la misma manera, en las
asambleas de saberes no se produce un solo tipo de diálogo epistémico, sino
múltiples. Entre los más importantes podemos contar los que se producen entre
comunidades con comunidades, comunidades con abogados, comunidades con otros
profesionales comprometidos, abogados con antropólogos y con otros
profesionales, y los relativos a los roles de género en las comunidades, los
cuales son transversales.
A través de este trabajo
dialógico, colectivo, polifónico, propio de las comunidades y susceptible de
adaptarse a diferentes escalas (comunales o intercomunales) hemos realizado un
sin número de juicios en diferentes tribunales de México e, incluso, un
procedimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también
hemos formulados iniciativas de leyes que además hemos logrado se aprueben para
garantizar el ejercicio de los derechos de autonomía y autogobierno indígenas
en Michoacán.
Por supuesto, no hay nada más
lejano que asumir que estos diálogos epistémicos son simétricos e incluyen por
igual a todos los actores que concurren. En nuestra experiencia, participan en
ellos las autoridades y/o representantes que designa la comunidad, pero se deja
de fuera a otros sectores que muchas veces son disidentes de la lucha política.
Los roles de género también suelen ser un factor para tomar en consideración cuando
hablamos de desigualdades en estas asambleas de saberes, aunque no se trata de
un fenómeno que se pueda explicar de manera mecánica y simplista, como en
ocasiones se suela hacer, es evidente que existe una inercia que desfavorece la
voz y las opiniones de las compañeras. Se trata de ejercicios siempre
mejorables, en construcción, que nos exigen una vigilancia crítica constante
sobre ellos.
En este renglón, considero que no
se trata de llevar metodologías participativas de la academia al trabajo
militante con las comunidades, a mi juicio esto iría en detrimento del diálogo
de saberes, de la traducción intercultural y finalmente de la ecología de
saberes jurídicos. Considero que nuestro desafío como abogados militantes es
aprender otras formas de compartir y crear conocimientos y saberes, que en el
caso de los pueblos y comunidades indígenas tienen un camino bastante avanzado.
En consecuencia, dejar de ser abogado rey implica también una tarea de
desaprender cómo se construye el conocimiento jurídico crítico, de
“desacademizar” la participación y, más bien, aprender de los actores con los
que trabajamos sus mecanismos para comunicar, compartir y construir saberes y
conocimientos para la lucha y sus procesos de resistencia.
4
Un nuevo tipo de abogacía: la abogacía
militante
Una vez establecidas las nociones
y los sentidos de la imaginación jurídica subalterna y del derecho austral,
corresponde ahora establecer qué tipo de abogacía resulta compatible con ellas;
por qué he decidido recurrir a una noción aparentemente superada en el siglo XX
como la de militante; y, finalmente, definir algunos de los puntos principales
que caracterizan la abogacía militante que propongo.
Empecemos por la primera cuestión.
Aunque estimo sumamente valiosas las reflexiones críticas producidas tanto en
el norte como en el sur global sobre las abogacías de causa (Sarat y Scheingold, 2001 y 2006) y las populares (Junqueira, 2002; Santos y Carlet, 2010)
frente a la forma liberal, tradicional o hegemónica de ejercer la profesión,
tengo la certeza de que ambas están atadas a realidades jurídicas, políticas y
sociales con grandes diferencias respecto a los procesos con que nos ha tocado
trabajar en México. Como sabemos, la idea de la abogacía popular se ha
construido a partir de la praxis y reflexión de los abogados —principalmente
brasileños— que han acompañado y trabajado con distintos movimientos sociales,
como el Movimiento de los Sin Tierra y el Movimiento de los Sin Techo, entre
otros. Por su parte, en un contexto legal, una realidad sociopolítica y con
actores que se organizan y resisten de manera muy diferente, encontramos el
trabajo de la abogacía de causa, que se ha construido a partir de la labor de
los abogados estadounidenses en apoyo y solidaridad con los sectores más
marginales de sus sociedades. Aunque ambos tipos de abogacía compartan el
compromiso con sectores oprimidos, no podemos concluir que la abogacía popular
y la abogacía de causa sean lo mismo o sean siquiera equiparables; cada una de
ellas tienen características diferenciadas que merecen ser resaltadas, si es
que nos interesa hacer un ejercicio reflexivo y crítico sobre las distintas
formas y condiciones en las que trabajamos los abogados con los oprimidos y sus
luchas.
Ahora bien, fácilmente podríamos
llegar a la misma conclusión si comparamos el trabajo y las premisas explicadas
en los apartados anteriores con las relativas a la abogacía popular y de
interés social. Para poner de manifiesto esta realidad basta con advertir las
grandes diferencias entre los contextos jurídicos y los sistemas judiciales de
Estados Unidos, Brasil y México. Una consideración similar podríamos hacer a
partir de los actores sociales con que colaboramos los abogados: su
organización, fuerza, papel político y necesidades que cada uno de ellos tiene
es claramente diferente, incluso entre sectores que viven en realidades atadas
al mundo rural, como podría ser el Movimiento de los Sin Tierra y la mayoría de
los pueblos indígenas en México. No solo la dimensión cultural sería un
distintivo importante, sino también condiciones como la propiedad social de la
tierra en México con relación al latifundio en Brasil.
En consecuencia, lejos de
considerar que se trata de un ejercicio banal y redundante, tengo la convicción
de que la construcción de nuevas herramientas analíticas más cercanas a las
especificidades de las luchas que acompañamos enriquece los estudios sociolegales
generados desde México y América Latina, pero además son necesarias para
impulsar una reflexión crítica entre abogados comprometidos que nos permita
aprender unos de otros y corregir vicios y malas prácticas. No se trata, por
supuesto, de establecer un modelo ideal o de pretender posicionar la
superioridad de una forma sobre la otra. Al final cada práctica jurídica está
atada a sus realidades y condiciones.
Para describir la forma en que
ejercemos el derecho desde nuestra experiencia, vinculada al trabajo con los
pueblos y comunidades indígenas en Michoacán, México, he recurrido a un viejo
término, como el de “militante”, para describir, en principio, una forma de
abogacía cuya inspiración principal es el trabajo con los pueblos y comunidades
indígenas de México. ¿Por qué no llamarla “abogacía comunitaria”?,
como lo propuse en un trabajo que realicé hace algunos años (Aragón Andrade,
2022b). La respuesta a esta pregunta se
encuentra en dos aspectos diferentes pero entrelazados.
Lo primero que habría que decir es
que, si bien mi propia experiencia está basada en el trabajo del Colectivo
Emancipaciones y las comunidades indígenas, ha sido enriquecida por otras y
otros abogados que trabajan con luchas sociales, ya de pueblos indígenas u
otros actores en resistencia. El referido proyecto “Diálogo de saberes y
prácticas jurídicas militantes en América Latina” fue uno de los espacios más
importantes para alcanzar este aprendizaje de otros colegas, pero no el único.
A partir de esos espacios de intercambio de experiencias y diálogo entre
abogados comprometidos nos dimos cuenta del potencial que las bases de nuestras
prácticas jurídicas tenían para proyectarse más allá del trabajo con las
comunidades indígenas, en el contexto de varias otras luchas como la de los
estudiantes, el magisterio, el normalismo, el feminismo, entre otros. Esto
podría ser un reflejo más de la influencia que las luchas de pueblos indígenas
han tenido en la historia política reciente de México y sus principales actores.
La abogacía militante, entonces, tiene pretensiones más amplias que el trabajo
con pueblos y comunidades indígenas, pero se nutre de sus experiencias para
rehabilitar y actualizar una noción que nos parece necesaria y vigente.
Antes de continuar, es necesario realizar
un deslinde sobre el sentido de la militancia que aquí reivindico. Como es
ampliamente conocido, en México y en América Latina la categoría de “militante”
está muy asociada al pensamiento marxista y a una forma particular de trabajo
comprometido que tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de sus
diferencias, no es exagerado sostener que en la mayoría de las experiencias de
esta tradición de trabajo comprometido predominó un carácter marcadamente vanguardista.
Justamente de este carácter redentor nos distanciamos en la AJMi. Tal como nos
recuerdan Carla Bergman y Nick Montgomery (2023, p. 89):
Históricamente, la militancia se ha
asociado con la vanguardia leninista y maoísta. Estas ideologías han
fundamentado la lucha de clases revolucionaria y las luchas de liberación
nacional. Estos ideales militantes han sido cuestionados principalmente por
feministas negras, grupos indígenas y/o poscoloniales que señalan los
obstáculos de la ideología rígida, el liderazgo patriarcal y el abandono de las
atenciones, los cuidados y el amor. La figura tradicional del militante
(celoso, rígido y despiadado) también ha sido cuestionada por el situacionismo,
el anarquismo, el feminismo, las políticas queer y otras corrientes que han
conectado la acción directa con las luchas de liberación del deseo, resaltando
la importancia de la creatividad y la experimentación. Históricamente, el
militante es quien siempre trata de controlar, estar al mando, concienciar,
«radicalizar», etc. Este tipo de militante suele estar dos pasos «más allá» de
las transformaciones logradas, siempre descubre lo que les faltó en tal o cual análisis
o estrategia correcta. Por eso, este tipo de militante siempre impone un
programa o una estructura.
En las luchas de nuestros días ya
no hay lugar para intelectuales iluminados, para pastores, salvadores o
“abogados y antropólogos reyes” (Aragón Andrade, 2023). No obstante, recupero
la idea de la militancia, además de por su radicalidad política, porque en
México continúa siendo una noción empleada por integrantes de movimientos
sociales de base para diferenciar su actividad política de otras formas
consideradas menos constantes y comprometidas (Modonesi, 2017). Esta vigencia
de la idea de la militancia se ve fortalecida por su utilidad para distinguirse
con fuerza política de lo que tradicionalmente se considera como activismo de
derechos humanos en México que, como sabemos, está ampliamente asociado a un
entendimiento liberal de los derechos humanos y de la democracia, del cual
definitivamente me distancio.3
Recupero el término de militante
por la combatividad y ferocidad que encierra (Malo, 2004;
Bergman y Montgomery, 2023; Federeci, 2022) —y que a
mi juicio exige la lucha contra el poder en nuestro días—, no porque desconozca
que en la práctica muchas veces conviven y se construyen alianzas con una
diversidad de actores en complejas redes de defensa (Keck y Sikkink, 2000) que
no comparten las mismas convicciones políticas, sino porque me permite
establecer un horizonte de radicalidad en la creación y en el uso del derecho
que es necesario para ir más allá de la refuncionalización del sistema y para
construir alternativas contrahegemonías que nos permitan caminar hacia otros
futuros y mundos. Por esta razón, el término de “abogacía militante” parece ser
más adecuado para poner el acento de radicalidad que interesa en relación con
otras fórmulas como la de “abogacía participativa” o “abogacía descolonizada”,
que incluso son expresiones recurridas bajo los preceptos liberales de los
derechos humanos.
Propongo entonces un ejercicio de
rehabilitación del término militante como el que plantea el filósofo francés Alain
Badiou (2008) para la idea del comunismo; esto es, no como forma de Estado o
modelo de representatividad social propia de los siglos XIX y XX, sino como una
idea completa de la emancipación de la humanidad que es necesario actualizar y
reinventar permanentemente acorde con las nuevas condiciones impuestas por el
tiempo. En ese sentido, la militancia como idea tendría la misma suerte: no
debería de verse como una forma particular de trabajo comprometido con las
luchas sociales de la segunda década del siglo XX, que tuvo sus aciertos, pero
también sus grandes fallos, de los que ahora es preciso distanciarse. La
militancia como relación comprometida y permanente con la lucha política es
también susceptible de adaptarse y actualizarse.
De tal manera que, frente a la
vieja idea de la militancia, reivindico un nuevo ethos militante (Svampa,
2010a y 2010b; Longa, 2016; Bergman y Montgomery, 2023; Federeci, 2022) que
describe el acompañamiento y trabajo de muchos académicos y profesionales en
los movimientos indígenas, estudiantiles y feministas contemporáneos. Esta
militancia se caracteriza entonces por un esfuerzo que busca la horizontalidad
con los actores sociales con los que trabaja, así como la corresponsabilidad y
el cuidado mutuo; un esfuerzo que tiende hacia el entendimiento, el mutuo
aprendizaje y la complementariedad de saberes y conocimientos, siempre que ésta
sea posible.
La abogacía militante supone un
ejercicio del derecho alternativo y crítico en relación con el activismo de los
derechos humanos. Aunque la práctica de éste último no se puede reducir a una
sola fórmula, considero que sí es posible identificar algunos elementos más o
menos comunes con los que se le puede asociar: (i) su discurso se centra en el
compromiso con los derechos humanos y con el Estado de derecho mismo, no con
las luchas de los colectivos y personas oprimidas y en resistencia; (ii) los
actores protagónicos son los sujetos de la democracia liberal y las
organizaciones de la sociedad civil; (iii) su funcionamiento depende de
financiadoras internacionales o del propio gobierno que determinan cuáles son
los temas de interés para la agenda de los derechos humanos; (iv) su trabajo
suele no ser ni constante ni cercano con los actores con los que colabora, en
buena medida porque se ubican lejos de las regiones en conflicto y resistencia;
y (v) se suele privilegiar el conocimiento técnico del derecho estatal y del
derecho internacional de los derechos humanos por sobre cualquier otro saber de
los actores con que se colabora para el diseño y ejecución de las estrategias
de lucha.
Podemos utilizar esta
caracterización general del activismo de los derechos humanos para contrastarla
con algunos de los principios que consideraríamos básicos de la abogacía
militante:
a. La concepción
instrumental, y no fetichista, de los derechos humanos y del derecho estatal
La abogacía militante parte de una
concepción instrumental de los derechos humanos y del derecho estatal, y no de
la convicción de que éstos son el elemento mismo a proteger, defender o
impulsar, como ocurre con el activismo de los derechos humanos. Lo realmente
importante es la lucha o luchas de los actores con los que se trabaja, por tal
motivo el cumplimiento del Estado de derecho o la vigencia de los derechos
humanos son solo importantes en la medida que signifiquen o contribuyan a los
objetivos de la lucha social. En este sentido, la movilización del derecho
puede hacerse con diferentes propósitos políticos que no implican en sí mismo
la vigencia, promoción o defensa de los derechos humanos, como la organización
popular, la unidad de actores dispersos, la visibilización de un problema a los
ojos de las instituciones, el uso de la violencia simbólica del derecho frente
a otros actores gubernamentales, etcétera (Velázquez Zúñiga, 2022).
En consecuencia, se tiene una
conciencia crítica de los límites del uso del derecho en un proceso de lucha
social. No se deposita en éste o en los derechos humanos la posibilidad de
transformación social sino, en todo caso, la fuerza y radicalidad que el colectivo
pueda alcanzar. Justamente con esta lógica hemos movilizado, desde nuestra
experiencia en el Colectivo Emancipaciones, el derecho estatal y los derechos
humanos de los pueblos indígenas de Michoacán, ya en la arena judicial como en
la legislativa, en su lucha política contra la inseguridad, el despojo de su
territorio, la exclusión de los gobiernos municipales y del sistema electoral,
de lo cual se ha derivado el acceso y ejercicio de sus derechos de autonomía y
autogobierno indígenas. En ese sentido, la abogacía militante se inscribe en la
larga tradición de uso alternativo y contrahegemónico del derecho cultivada en
América Latina.
b. Los sures en
resistencia, y no la sociedad civil, como sujetos de la abogacía militante
Generalmente los sujetos de la
abogacía militante no son las organizaciones de la sociedad civil, como ocurre
en el mundo del activismo de los derechos humanos. Este tipo de trabajo
jurídico es practicado por abogados que forman parte, o son muy cercanos a las
organizaciones sociales, movimientos y colectivos con demandas puntuales que, a
pesar de no ser reconocidas por los planteamientos liberales de la democracia
como transformadoras de nuestras sociedades, continúan mostrado su fuerza y
capacidad disruptiva, tales como las planteadas por las comunidades indígenas.
Debido a que la abogacía militante no se concibe como actor externo a estos
procesos, rara vez está constituida legalmente como organización de la sociedad
civil.
El propósito y compromiso de los
abogados militantes no es la promoción en abstracto de los derechos humanos,
sino contribuir directamente a los objetivos de los procesos de resistencia en
los que participa o con los que sostiene, al menos, un trabajo orgánico. Debido
a que no es un actor externo ni distante al proceso de lucha, la abogacía
militante cuenta con mejores condiciones para hacer frente a la lógica de
trabajo del abogado rey. Esta cuestión puede ser un buen antídoto contra la
supuesta superioridad de conocimiento para dirigir la lucha político-jurídica,
para tener conciencia de la imaginación jurídica subalterna de los actores con
los que trabaja y también para construir un derecho austral.
Este trabajo de base también
supone una conciencia crítica en relación con otro tipo de comportamientos y
actitudes bien presentes en el activismo de las organizaciones de la sociedad
civil y en la academia progresista de nuestros días, las cuales guían muchas
veces su acción y solidaridad por agendas impuestas desde arriba, por la
corrección política o por el estereotipo que se crea de ciertas organizaciones,
colectivos y procesos. La solidaridad y el compromiso desde una perspectiva
militante enfatiza el conocimiento de los procesos y de los actores en
resistencia concretos, y no de una generalización o un estereotipo de grupos
sociales, resistencias y demandas.
c. El servicio y el
compromiso político, y no la filantropía internacional, como sostén de la
abogacía militante
Como es bien conocido, la
existencia de la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil
encargadas de defender y promover los derechos humanos depende del
financiamiento internacional o gubernamental, situación que muchas veces
condiciona la agenda de trabajo, ya en lo temático o en la temporalidad que
disponen para atender problemas. Por su parte, la actividad de la abogacía
militante no depende de estos elementos ni tiene comprometida su agenda
política, ya que se sostiene del trabajo pro-bono (combinar una actividad
profesional al estilo liberal con una comprometida), o de los servicios legales
gratuitos de los abogados que participan en la lucha.
En todo caso, el ejercicio de la
abogacía militante está orientado por una conciencia de que su trabajo técnico
es un servicio, una aportación o una contribución que los abogados hacen al
proceso político y que está más allá de relaciones comerciales que establece un
abogado con sus clientes. En nuestra experiencia con el Colectivo
Emancipaciones hemos llamado a esta responsabilidad “faena jurídica” (Aragón
Andrade, 2022a y 2024a). Así como en las comunidades indígenas de Michoacán
existe el compromiso de realizar de cuando en cuando trabajo gratuito en favor
del bienestar de la comunidad, ya sea mediante la limpieza de un camino, la
construcción de un aula, el combate a los incendios forestales, etcétera, el
trabajo jurídico que hacemos los abogados se convierte en un servicio gratuito
en favor de las comunidades.
d. El enraizamiento con
la lucha como clave de la abogacía militante
La abogacía militante generalmente
forma parte de la comunidad, colectivo u organización en lucha y mantiene una
relación orgánica que se funda en el trabajo de base, en la convivencia
permanente y prolongada con los actores de la lucha y la resistencia; en otras
palabras, y a diferencia de muchas organizaciones de la sociedad civil que
tienen sus oficinas y personal geográficamente muy distante de las regiones en
resistencia, la abogacía militante tiene una relación enraizada con los actores
que sostienen la lucha.
Cuando digo enraizada, recupero
la idea de Ricardo Robles Zamarripa (2021), pero para resaltar principalmente la
permanencia y constancia que supone la militancia, a diferencia de otro tipo de
compromiso político que sostienen los abogados con una lucha o causa
particular. De hecho, podríamos decir que sin la existencia de esas raíces en
realidad no hay militancia ni abogacía militante. Elementos fundamentales como
la confianza, el conocimiento mutuo, la auténtica empatía y el reconocimiento
recíproco solo pueden existir gracias a estas raíces que da la convivencia
humana permanente y prolongada. Sin estos últimos elementos no hay posibilidad
de diálogo de saberes, de ecología de saberes, de traducción intercultural y
mucho menos de derecho austral. En consecuencia, podría sostener que el trabajo
irregular y esporádico de muchas de las formas de ejercer el activismo de
derechos humanos es incompatible con las prácticas jurídicas que tiendan a la
descolonización del derecho o, en dado caso, solo alcanzan las capas más
superficiales de éstas.
e. El enraizamiento como
condición para un trabajo auténticamente contrahegemónico
El uso contrahegemónico del
derecho implica no solo un uso reactivo del derecho estatal y de los derechos
humanos, sino la posibilidad de construir una alternativa a la legalidad
hegemónica y a los sistemas de opresión que la sostienen. En este sentido,
nuevamente la permanencia, constancia y disciplina que suponen la idea de la
militancia son claves para lograr trascender la resistencia reactiva incapaz de
producir una alternativa.
Por supuesto, casi todos los
procesos de resistencia tienen objetivos urgentes e inmediatos, que
generalmente tiene un carácter reactivo ante un desafío, amenaza o peligro
inminente. Solamente cubiertos estos objetivos es posible pensar en otros más
amplios que comiencen a configurar una alternativa, aunque sea parcial e
incompleta. De tal manera que, nuevamente, la permanencia y la constancia del
trabajo militante no solo es crucial para alcanzar los objetivos políticos
inmediatos trazados por los grupos con los que trabajamos sino para ir más allá
de ellos.
En otros trabajos he argumentado
sobre la “fuerza cinética” (Aragón Andrade, 2024b) que pueden alcanzar los
procesos de ecologías de saberes jurídicos en tanto producto, en este caso, de
la abogacía militante. Dicha fuerza consiste en la potencia que puede llegar a
adquirir el trabajo de la abogacía militante conforme se
acumulan, suman y transforman procesos de lucha, dejando un papel reactivo y
avanzando a posiciones “ofensivas” o anticipatorias. Nuevamente, la experiencia
con las luchas de las comunidades y pueblos de Michoacán me sirve para
ejemplificar cómo a partir de demandas relacionadas con la seguridad, el
despojo del territorio y la violencia se fue construyendo, mediante un trabajo
sostenido con ellas, una alternativa —si bien incompleta y problemática— como
el derecho al autogobierno y autonomía indígenas (Aragón Andrade, 2021a, 2022a
y 2023).
Este planteamiento nos permite pensar
la abogacía militante como una actividad dinámica en donde se alcanzan,
reconstruyen y transforman metas y objetivos políticos de las luchas concretas
en las que participamos, y no como una actividad estática o de momentos únicos.
De tal manera que la fuerza cinética de la abogacía militante tiene el
potencial de desbordar los diversos actores y campos del derecho y expandirse
hacia otras arenas sociales y políticas; pasar de la esfera judicial a la
legislativa y viceversa; saltar de escala, de la esfera local a la
internacional y viceversa.
5
Palabras finales
Para Damián Selci (2018, p. 126),
“la militancia tiene cuerpo y se define en última instancia por la presencia.
En dos palabras: si no está ahí, no es militante”, y no puedo estar más de
acuerdo con él. Como las he presentado, ni la imaginación jurídica subalterna
ni el derecho austral se pueden alcanzar por sí solos, requieren del trabajo,
de la constancia para cultivarse, desarrollarse, mejorarse y potenciarse;
requieren de una presencia activa de los abogados. En este sentido, la lógica
que constituye a la abogacía militante que aquí he delineado se torna en un
elemento indispensable para construir derecho austral y desarrollar la
imaginación jurídica subalterna. Tanto uno como otra, no pueden alcanzarse bajo
formas de acompañamiento legal epidérmico y esporádico, por más ornamentación
discursiva que se movilice.
No obstante, estimo que lo más
importante de esta consideración es la relación que guarda con el horizonte
político que cada forma de abogacía se plantea. De tal manera que la abogacía
militante potencia la subversión del derecho desde su proceso mismo de creación
o construcción, mediante ejercicios y practicas descolonizadoras. Por otro
lado, a través de la imaginación jurídica subalterna saca el uso estratégico
del derecho de su inercia reactiva y refuncionalizadora de los derechos humanos
para llevarlo a una dinámica propositiva, anticipatoria y transformadora, con
todos los límites que ésta pueda tener dentro de los sistemas legales
hegemónicos.
La rebeldía y resistencia de los
colectivos subalternizados en nuestras sociedades capitalistas demandan esta
capacidad creativa del derecho, entre otras herramientas de lucha que les
permitan abrirse paso ante la desigualdad, la exclusión y la injusticia.
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Sobre el autor
Orlando Aragón Andrade
Licenciado
en derecho, maestro en historia de México y doctor en ciencias antropológicas. Actualmente
se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma
de México (campus Morelia), desde donde coordina el Laboratorio de Antropología
Jurídica y del Estado, así como el Proyecto de Ciencia de Frontera
“Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas
que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado
mexicano”. Su investigación se ha enfocado en los últimos años en la
construcción de una antropología jurídica militante a partir del acompañamiento
político y legal de diferentes luchas por la autonomía y autogobierno indígena
en México que realiza desde el Colectivo Emancipaciones, del cual es miembro
fundador.
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Nota
El
presente trabajo es posible gracias al Proyecto PAPIIT IN308921 “La nueva
utopía purépecha. Balances, desafíos y aprendizajes a diez años del
reconocimiento del derecho al autogobierno indígena en Michoacán”, auspiciado
por la Universidad Nacional Autónoma de México.
