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Gênero e Diálogo de Saberes entre Advogadas Militantes e Atores na Luta das Comunidades Indígenas: a Experiência do Coletivo Emancipações
Gender and Knowledges Dialogue between Female Militant Lawyers and Actors in the Struggle of Indigenous Communities: the Experience of the Emancipations Collective
1 Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, Distrito Federal, México. E-mail: ebarcena@unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5585-9873.
2 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México. E-mail: ale.temis@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0004-2984-4829.
Lucero Ibarra Rojas3
3 Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, Distrito Federal, México. E-mail: lucero.ibarra@cide.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5245-3189.
Submetido em 25/06/2025
Aceito em 26/09/2025
Como citar este trabalho
BÁRCENA ARÉVALO, Erika; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Alejandra; BARRA ROJAS, Lucero. Género y Diálogo de Saberes entre Abogadas Militantes y Actores en la Lucha de Comunidades Indígenas: la Experiencia desde el Colectivo Emancipaciones. InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais, Brasília, v. 11, n. 2, jul./dez. 2025. DOI: 10.26512/revistainsurgncia.v11i2.58443.
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Género y Diálogo de Saberes entre Abogadas Militantes y Actores en la Lucha de Comunidades Indígenas: la Experiencia desde el Colectivo Emancipaciones
Resumen
En el presente artículo exploramos cómo construimos, en tanto mujeres abogadas militantes e integrantes del Colectivo Emancipaciones, nuestras relaciones con los actores de las luchas de comunidades indígenas por la libre determinación, en los procesos de negociación con actores estatales y en otros espacios, como la academia o la presencia en los medios de comunicación. Este análisis se plantea desde una perspectiva interseccional. Tomamos como punto de partida la perspectiva de género poniendo la mirada en la manera en que los roles de género determinan las interacciones, pero también en cómo nuestra posición se negocia con dinámicas en las que la etnicidad y la formación académica también son determinantes. Este artículo es producto de un conocimiento situado en el contexto de la abogacía militante. Siendo así, la aportación que proponemos se cimenta en una metodología autoetnográfica y en la elaboración colaborativa de textos a partir de diálogos sostenidos entre las autoras e intermediados por experiencias académicas.
Palabras-clave
Mujeres en la profesión jurídica. Pueblos indígenas. Abogacía militante.
Resumo
Neste artigo, exploramos como construímos, enquanto mulheres advogadas, militantes e integrantes do Coletivo Emancipações, nossas relações com os atores das lutas das comunidades indígenas pela autodeterminação, tanto nos processos de negociação com atores estatais quanto em outros espaços, como a academia ou a presença nos meios de comunicação. Esta análise é proposta a partir de uma perspectiva interseccional. Partimos de uma abordagem de gênero, focando na forma como os papéis de gênero moldam as interações, mas também em como nossa posição é negociada em dinâmicas nas quais a etnicidade e a formação acadêmica também são determinantes. Este artigo é fruto de um conhecimento situado no contexto da advocacia militante. Assim, a contribuição que propomos está baseada em uma metodologia autoetnográfica e na elaboração colaborativa de textos a partir de diálogos mantidos entre as autoras e mediados por experiências acadêmicas.
Palavras-chave
Mulheres na profissão jurídica. Povos indígenas. Advocacia militante.
Abstract
In this article we explore how we build our relationships with the actors in the struggles of indigenous communities for self-determination, in the negotiation processes with state actors, and in other areas, such as academia or in media engagement, as female militant lawyers and members of Collective Emanticpations. Our analysis is intersectional. We depart from a gender perspective to analyze how gender roles determine certain interactions, but also in how our position is negotiated in dynamics where ethnicity and formal education are also relevant. This work is the product of situated knowledge. Thus, this contribution is based on an auto-ethnographic methodology, and on the construction of texts in a collaborative manner, based on dialogues between the authors mediated by academic experiences.
Keywords
Gender. Women in the legal profession. Indigenous peoples. Militant lawyering.
Introducción
En cierta ocasión, quienes escribimos este texto llegamos a un evento académico en la Ciudad de México. Llegamos por separado, como académicas y como integrantes de una organización de academia crítica y de defensa de derechos de pueblos indígenas. En la entrada al auditorio, nos encontramos a una colega investigadora, que nos presentó con su acompañante diciendo: “te presento a una de las de… (inserte el nombre de algún compañero varón de la misma organización)”. Cada una extendió la mano en respuesta la presentación y continuó su camino, pero la experiencia no pasó desapercibida. Ser presentadas en términos de un colectivo en posesión de un colega contrastaba profundamente con el tipo de interacción organización que manteníamos al interior del colectivo al cual pertenecemos. La experiencia resonaba con algunas reflexiones que ya veníamos haciendo de manera individual, y que logramos hacer colectivas como resultado de ésta y de muchas otras experiencias similares que le seguirían; las cuales fueron uno de los principales detonadores de las reflexiones que aquí presentamos.
En el presente artículo exploramos cómo construimos – en tanto mujeres abogadas militantes e integrantes de Emancipaciones. Colectivo de Estudios Críticos Sobre Derecho y Humanidades[1] (en adelante “Colectivo Emancipaciones” o “Colectivo”) – nuestras relaciones con los actores de las luchas de comunidades indígenas por la libre determinación que el Colectivo acompaña en Michoacán, México, y, específicamente, cómo construimos diálogos de saberes con dichos actores. La reflexión se plantea desde una perspectiva de interseccional (Crenshaw, 1989, 1991). Es decir, en principio, ponemos la mirada en la manera en la que los roles de género determinan las interacciones; pero también abordamos como otros aspectos – especialmente la pertenencia a pueblos indígenas y el tipo de instrucción académica[2] – determinan los capitales con los que cuentan las personas, así como su forma de interactuar en distintos espacios sociales.
Este trabajo, sin embargo, no examina cómo se vive el feminismo en las comunidades con las que trabajamos. Especialmente en el caso de la comunidad de Cherán, diversos trabajos han abordado el papel de las mujeres en la movilización, en las instituciones políticas y en otros procesos de transformación de la comunidad (Rojas y Guardian, 2016; Murcía, 2019; Velázquez, 2019). Aunque seguramente aún hay mucho que decir al respecto, este trabajo se centra en una discusión distinta. Nuestro objetivo es explorar cómo nosotras, en tanto abogadas militantes, y cómo el Colectivo Emancipaciones, en tanto unidad, construimos diálogos de saberes y prácticas militantes del derecho en contextos determinados. El presente texto es, de esta forma, resultado de un ejercicio de reflexividad respecto de nuestras posiciones y procesos, los cuáles están condicionados, entre otros aspectos, por el género y la raza; y en él retomamos nuestras experiencias como académicas y como abogadas militantes. Las reflexiones aquí vertidas son, en ese sentido, producto de un conocimiento situado (Haraway, 1995); y, como sucede en todo conocimiento situado, esto implica un reconocimiento explícito del compromiso político desde el cual se construyen nuestras experiencias y también nuestras reflexiones.
Nuestro trabajo pretende contribuir a los estudios de las mujeres en las profesiones jurídicas desde una perspectiva que no ha sido analizada. El campo de estudios de las profesiones jurídicas se ha desarrollado ampliamente en la sociología jurídica, y América Latina no es la excepción (Ibarra Rojas, 2018). Podemos observar que los estudios sobre las mujeres en la profesión jurídica, aunque son más limitados en nuestra región, se han centrado en analizar las condiciones en las que éstas se desempeñan. Así, han identificado que la práctica privada es menos favorecedora para las mujeres que el ejercicio de la profesión en el sector público, pero que en ambos se mantienen problemáticas de techo de cristal, brechas salariales y condiciones estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres (Manzo et al., 2016). Asimismo, dichos estudios han identificado que hay mayor representación de las mujeres en ciertas materias, como la familiar, que en otras, como la penal. No obstante, la práctica de las mujeres que se ejercen la profesión jurídica en áreas relacionadas con la movilización social, como puede ser en las organizaciones no gubernamentales, está particularmente ausente en los estudios sobre profesiones jurídicas.
Por otro lado, América Latina tiene una importante tradición de estudios sobre profesionales del derecho que estructuran su práctica conforme a diversos tipos de compromiso político (Botelho Junqueira, 1992; Carlet, 2013; Falcão, 1986; Ibarra Rojas, 2018; Manzo, 2012, 2014), como la abogacía alternativa, militante, comprometida, etc. A pesar de esto, la perspectiva de género sobre estas formas de abogacía se encuentra notablemente ausente. También existen diversos estudios que abordan la movilización feminista en su lucha por derechos (Drakopolou, 2007; Monte & Gavernet, 2015), así como estudios sobre el papel de las mujeres que son parte de distintos movimientos sociales relacionados con la justicia en el contexto del pluralismo jurídico (Sieder, 2017; Sieder & McNeish, 2014). Sin embargo, estos estudios siempre se abordan desde la mirada de las investigadoras y no de las abogadas/actoras que participan en dichas movilizaciones. Es en estos vacíos donde ubicamos la principal aportación del presente trabajo.
Nuestra contribución se basa una metodología autoetnográfica y con base en un método de escritura académica basada en el diálogo. Por un lado, la autoetnografía (Blanco, 2012; Guyotte & Sochacka, 2016) nos permite tomar una posición reflexiva de nuestra propia experiencia para comprender cómo las condiciones de raza y género interactúan en nuestras vivencias y en el trabajo que venimos desarrollando; y cómo esto le ha dado forma a nuestras prácticas y al mismo Colectivo Emancipaciones. Por otro lado, retomamos una metodología de construcción de textos de forma colaborativa a partir de diálogos entre las autoras, los cuales han estado intermediados por experiencias académicas (Ibarra Rojas, Escobedo, et al., 2019; Ibarra Rojas, Sagarzazu, et al., 2019).
En el caso de este artículo, el trabajo inició con una presentación a cargo de dos de las autoras del texto en el marco del Seminario Internacional Diálogo de Saberes y Prácticas Jurídicas Militantes en América Latina[3]. A partir de esa experiencia se elaboró un borrador de la estructura del texto, el cual discutimos entre las tres autoras para producir su contenido. La sesión de discusión fue grabada e incorporada como texto con adecuaciones propias de un trabajo académico. Uno de los retos que enfrentamos en este proceso fue tratar de producir experiencias compartidas a partir de vivencias muy diversas. Las tres autoras del texto somos integrantes del Colectivo Emancipaciones; sin embargo, no tenemos la misma trayectoria, ni de vida, ni en el Colectivo. Finalmente, y después de la planeación más detallada del texto, lo socializamos con las compañeras del Colectivo Emancipaciones, con el objetivo de incorporar sus perspectivas y experiencias. En este sentido, este artículo es el resultado de una reflexión colectiva, no solamente en su desarrollo sino en el marco del propio trabajo de las diversas mujeres que formamos parte del Colectivo Emancipaciones.
Este artículo inicia con una presentación del Colectivo desde una perspectiva de género y atendiendo a la manera en la que ésta perspectiva se presenta en su trabajo más cotidiano, así como en su configuración. Posteriormente, en tres secciones distintas, tratamos las particularidades de la interacción en los distintos espacios y con los actores sociales con quienes se desarrolla el trabajo del Colectivo Emancipaciones: las comunidades indígenas, las instituciones del Estado, así como el contexto académico y los medios de comunicación. Finalmente, abordamos algunas de las reflexiones y las aportaciones que esta experiencia puede tener, tanto para la comprensión del rol de las mujeres en la militancia que se practica desde el derecho, como para el diálogo de saberes.
1 El Colectivo Emancipaciones
El Colectivo Emancipaciones se ha desarrollado y consolidado con una doble agenda de práctica jurídica y academia militante (Aragón, 2018). Este Colectivo surge en el año 2011 en el marco de la Terminal de Humanidades de la Maestría en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), como un seminario que tenía como objetivo fomentar y generar en les estudiantes reflexiones sobre el derecho desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Especialmente para quienes éramos estudiantes, este seminario contribuía a una deconstrucción de la forma en que entendíamos el derecho y la función de quienes lo ejercen. Posteriormente, dos integrantes del entonces Seminario de Derecho y Humanidades, incluyendo a una de las autoras de este texto, iniciaron el acompañamiento jurídico de la lucha de la comunidad indígena de Cherán. Gracias a esta lucha, social y legal, este municipio logró ser el primero en México que, mediante un juicio en materia electoral, obtuvo el derecho a conformar una estructura tradicional de gobierno municipal, y a nombrar a sus autoridades conforme a sus “usos y costumbres” (Aragón, 2018; Bárcena Arévalo, 2019). Para el año 2013, el acompañamiento que hacíamos a la comunidad de Cherán provocó molestia en diversas autoridades de la UMSNH, por lo que el seminario se independizó y, con algunas de las personas que participábamos más activamente, se transformó en el Colectivo Emancipaciones.
Desde entonces, hemos trabajado en un proyecto académico y de acompañamiento judicial militante, principalmente con comunidades indígenas en Michoacán; aunque también nos hemos vinculado con comunidades y pueblos de otros lugares de México. En Michoacán, el Colectivo Emancipaciones ha realizado un acompañamiento continuo a las comunidades purépechas de Cherán, Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Santa Fe de la Laguna, Arantepacua, Santa Clara del Cobre, Teremendo y La Cantera, que han buscado ejercer su derecho a la libre determinación.
Aunque existe literatura sobre el Colectivo Emancipaciones (Aragón, 2018), son varios los aspectos internos aún no han sido abordados. El Colectivo ha agrupado en distintos momentos a 18 personas y, en la actualidad, está compuesto por 15 personas, de las cuales únicamente 9 nos hemos involucrado en los procesos de acompañamiento jurídico a luchas de comunidades indígenas que están peleando por su derecho a la libre determinación. De estas 9 personas, 4 son hombres y 5 somos mujeres, incluyendo a dos de las autoras de este artículo.
Aunque en la actualidad el Colectivo Emancipaciones tiene una configuración de género más equilibrada, históricamente hemos tenido más integrantes mujeres, cuyas trayectorias consideramos importantes para mostrar las herramientas y los retos que determinan nuestra participación en el mismo. Cuando el Colectivo Emancipaciones se formó como tal, contó con la participación de tres profesoras de la citada Maestría quienes, en su momento, desarrollábamos estudios de doctorado en áreas interdisciplinarias: Historia, Sociología y Antropologia. Erika, quien tenía experiencia en litigio en temas laborales, había iniciado ya su trabajo como abogada de la comunidad indígena de Cherán cuando era estudiante de la primera generación de esa misma Maestría; este rol de abogada continúa hasta la fecha. Lucero ha participado de manera complementaria en el tema de litigio, enfocándose más en el trabajo académico. Erika y Lucero continuaron con su carrera también en el ámbito académico y actualmente se dedican a la investigación en áreas interdisciplinarias de derecho. Maribel, por su lado, ha trabajado en temas indígenas desde la academia y la administración pública, y recientemente se unió al equipo de litigio del Colectivo.
Casi inmediatamente después de formado el Colectivo, se integraron dos estudiantes de la segunda generación de la Maestría: Alejandra, de la terminal de Humanidades, y Adriana, la única de otra terminal. Adriana se desempeñaba como funcionaria judicial y ha continuado una destacada carrera en esa área. Alejandra estuvo vinculada a la militancia en la lucha estudiantil en la Universidad y, en el Colectivo, se integró al equipo de litigio desde el principio, siendo frecuentemente quien establece el contacto cotidiano con las comunidades con las que trabajamos. Alejandra también se desempeña como profesora en la UMSNH. En el mismo periodo se integró Andrea, quien ha sido activa en la política y durante algunos años participó en el equipo de litigio. Las siguientes compañeras en unirse al Colectivo fueron Cristina y Mariana. Cristina fue estudiante de la tercera generación de la terminal de Humanidades y actualmente se desempeña en la práctica privada. Mariana es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y su desempeño y contacto con la movilización social está relacionado con el ámbito académico. Posteriormente se integraron Abigaill y Bianca. Su contacto con el Colectivo se dio en el contexto de un Diplomado en Antropología impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Abigail se encontraba cursando la Maestría en la terminal de Humanidades, aunque ese proyecto se desarrolla sin participación del Colectivo desde 2014. Al tiempo del desarrollo de este artículo, Bianca cursaba la maestría en Antropología en la UNAM y había sido funcionaria judicial. Aunque no todas participamos en la misma medida, los mismos tiempos ni las mismas actividades, todas hemos aportado para darle forma al Colectivo Emancipaciones.
La mayoría de las mujeres que trabajamos en el Colectivo Emancipaciones nos conocimos en el mismo y, aunque no hemos compartido otros espacios laborales, nuestras trayectorias tienen algunos puntos de encuentro. A pesar de que algunas de las compañeras han tenido experiencia en el poder judicial, para la mayoría, nuestra primera experiencia en el litigio - y a veces la única - ha sido con los juicios que lleva el Colectivo. Si bien todas estudiamos derecho[4], la mayoría hemos tenido una formación tanto interdisciplinaria como crítica, ya sea en el programa de Maestría antes mencionado o en diversos posgrados, principalmente en sociología, historia o antropología. Especialmente quienes participamos del Seminario de Derecho y Humanidades, compartimos algunos aspectos de este proceso de formación generando reflexiones y posicionamientos compartidos. Por otra parte, la mayoría tampoco teníamos experiencia en la movilización política antes de integrarnos al Colectivo, más allá de la simpatía por ciertas causas políticas. Esto significa que, con la excepción de Alejandra, el Colectivo fue el primer entorno en el que participamos de manera activa en acciones relacionadas con la movilización social. Así, el Colectivo ha sido un espacio de crecimiento académico y político. Muchas de nosotras nos acercamos a este espacio por la inconformidad que nos había llevado a disciplinas distintas al derecho, y encontramos en el mismo un reencuentro con el derecho, pero desde una perspectiva crítica y abiertamente política.
1.1 El Colectivo Emancipaciones como espacio de trabajo
El Colectivo Emancipaciones como un espacio académico, ha hecho que nuestra práctica en el acompañamiento jurídico de los movimientos sociales de las comunidades indígenas se guiara por reflexiones teóricas sobre el derecho desde perspectivas críticas e interdisciplinarias (Aragón, 2018). Éstas se han centrado en cuestionar la pretendida asepsia social del derecho, en el funcionamiento práctico del poder y del derecho o en la función social de éste. Otra parte importante de nuestra reflexión, que se fue tejiendo con las luchas de las comunidades, ha sido la discusión sobre la posibilidad de pensar el uso del derecho para lograr la transformación social.
Estas reflexiones nos condujeron a prácticas jurídicas que buscan poner el derecho al servicio del movimiento y privilegiar el diálogo de saberes; esto es, superar las jerarquías entre conocimientos y los privilegios epistémicos por los cuales se invisibilizan los saberes propios de los actores con los que trabajamos. Este diálogo se expresa en un esfuerzo continuo por construir las estrategias político-jurídicas junto con las comunidades con las que trabajamos, sin anteponer el conocimiento técnico-jurídico y su lógica para decidir el rumbo del movimiento. En largas reuniones junto con las comunidades, aprendemos sobre sus usos y costumbres, sus formas tradicionales de organización y de toma de decisiones, así como los objetivos políticos de cada movimiento. Nosotres aportamos las opciones judiciales que podrían contribuir a alcanzar dichos objetivos y construimos casos que se guían por el resultado de este diálogo de saberes. Por consiguiente, se entrelaza la narrativa de los movimientos con la técnica jurídica, siempre anteponiendo el horizonte político que éstos buscan. No obstante, en nuestra experiencia como abogadas militantes, este diálogo de saberes está condicionado por dinámicas de género y se configura de distintas formas en función de los espacios donde se construye o donde su resultado se pone en práctica.
Como Colectivo cuya acción busca estar informada por reflexiones críticas y políticamente posicionadas respecto del derecho, en lo particular, y de las estructuras de poder que articulan la realidad social, en lo general, en nuestra dinámica interna hemos buscado siempre el mayor grado posible de horizontalidad. Esta búsqueda se ve reflejada en el constante diálogo que mantenemos para tomar decisiones, especialmente las relacionadas con los procesos que acompañamos. Si trabajamos o no con una comunidad; qué acciones podemos recomendar al movimiento; sus posibilidades políticas y jurídicas; las percepciones respecto del desarrollo de las reuniones con las autoridades comunitarias; todas son cuestiones que se discuten en los espacios más íntimos del Colectivo a través de reuniones presenciales o virtuales, donde todas las personas que participamos tenemos voz y voto; aunque ciertamente, las voces más experimentadas tienen un mayor peso.
Para ejecutar las decisiones tomadas en estos espacios y, en términos generales, el trabajo que realiza el Colectivo, hemos desarrollado de forma más o menos orgánica un sistema de división del trabajo que pretende involucrar, de una u otra manera, a todas las personas del equipo que trabaja directamente con los casos. Podríamos decir que el Colectivo trabaja como un cuerpo en el que cada parte aporta algo específico que otras partes no aportan o no aportan en la misma medida. Consideramos que esta es una virtud en la medida en que las aportaciones específicas se determinan según los conocimientos y aptitudes de cada persona. Esta división del trabajo nos ha dado operatividad, especialmente en tiempos de escasez de manos, para poder atender varios asuntos simultáneamente. Nuestro nicho se construye en gran medida de la suma de las fortalezas individuales, pero, especialmente derivado de las experiencias fuera de los espacios del Colectivo, nos ha resultado innegable que, tanto éstas como las debilidades de cada persona, son condicionadas por roles de género, lo que creemos necesario cuestionar.
El trabajo del Colectivo presenta varios obstáculos en términos generales. En primer lugar, se debe tener presente que el Colectivo está integrado por una cantidad limitada de personas, que además nos dedicamos también a otras actividades (docencia, investigación, etc.). Nuestra labor no se cobra a las comunidades y nuestras fuentes individuales de ingresos son variadas, lo que significa que tenemos presiones importantes de tiempo y recursos. Asimismo, nuestro trabajo requiere un contacto muy cercano con las comunidades, por lo que necesitamos tener el tiempo suficiente para dar seguimiento a todos los pasos del propio proceso con las comunidades con las que decidimos colaborar. Esto se hace principalmente en reuniones que suelen desarrollarse durante varias horas especialmente los fines de semana, donde se discuten y toman decisiones sobre estrategias jurídicas y políticas.
La dinámica de trabajo ya tiene, de por sí, un condicionamiento especial para las mujeres, dado que el trabajo militante que hacemos desde el colectivo demanda cierto tiempo “extra”. Es difícil para todes encontrar este espacio y, en este sentido, el trabajo del colectivo depende de mucha voluntad. No obstante, es claro que es relativamente más fácil encontrar dicho espacio para las personas que no tienen otras tareas, como pueden ser las de cuidado, más frecuentemente a cargo de mujeres. Lo cierto es que la mayoría de las mujeres que integramos el Colectivo no tenemos ese tipo de responsabilidades, lo que quizás facilita nuestra participación. Para quienes sí tienen este tipo de responsabilidades, los obstáculos pueden ser mayores en ciertos momentos en los cuales las demandas de su entorno familiar se incrementan por falta de apoyo o por circunstancias como problemas de salud. Otro aspecto que compartimos, especialmente algunas de las compañeras, es la preocupación que suele generar a nuestras familias las reuniones que sostenemos con las comunidades en los fines de semana, y la falta de compresión y apoyo que sentimos con relación a ello. En algunos casos, esta preocupación se reduce con la presencia de nuestros compañeros, pues a algunas familias les preocupa particularmente la posibilidad de que seamos únicamente mujeres las que viajemos a las comunidades, por considerarlo más inseguro. Sin embargo, muchas veces el obstáculo para compañeras y compañeros está dado de manera prioritaria por la falta de condiciones económicas para poder realizar un trabajo que no es remunerado.
Por su parte, fuera de los espacios propios del Colectivo, las interacciones se van sectorizando al grado en que, como explicaremos, la experiencia resulta distinta según la condición de cada integrante, particularmente en función del género. Tener consciencia de esto nos ha llevado a ver críticamente cómo se construye el espacio de confort para el trabajo, y buscar que la división de éste se estructure cada vez menos según los roles de género.
2 2 El trabajo con las comunidades
Aunque el proceso nunca es exactamente igual, hay algunos patrones para establecer el contacto con las comunidades en la labor del Colectivo Emancipaciones. Por ejemplo, las comunidades suelen acercarse al Colectivo a través de otras comunidades que hemos acompañado o que estamos acompañando en sus procesos de libre determinación. Consideramos que esta forma de contacto establece ya una orientación política que es afín a los proyectos con los que colaboramos. Posteriormente, nuestro trabajo se realiza con comisiones que las propias comunidades conforman o con sus consejos de gobierno. Estas comisiones, llamadas comúnmente “de enlace”, suelen estar integradas por autoridades agrarias y civiles, y también por personas activas políticamente dentro de la comunidad, en su mayoría todos hombres. En las comunidades que han establecido ya sus estructuras de autogobierno, la autoridad con mayor responsabilidad suele ser un Consejo Comunal con quien trabajamos directamente, y que también estaba integrado en todos los casos mayoritariamente por hombres en los primeros procesos en los que participó el Colectivo.
Aunque el Colectivo Emancipaciones no tiene una agenda feminista en el sentido de trabajar con las mujeres indígenas para lograr sus objetivos políticos, sí consideramos importante insistir a las comunidades sobre la necesidad de promover la participación política efectiva de las mujeres en asambleas y órganos de autoridad. En el Colectivo hemos desarrollado un acuerdo para involucrarnos con movimientos que buscan justicia y que no se basan en la negación de los derechos de participación política de las mujeres. Si bien es cierto que muchas veces las compañeras que se integran no tienen experiencia en el ámbito político, y aun teniendo alguna, enfrentan serios obstáculos para hacerse escuchar entre sus pares[5], también lo es que están rompiendo muchos mandatos de género y que cada vez hay más mujeres indígenas con herramientas para hacerse oír, o en claro proceso de formación política para lograrlo (Torres et al., 2022).
Hoy en día, hay mujeres en los Consejos de Gobierno o en otros cargos de la estructura – incluso en los más típicamente masculinos, como pueden ser los relativos a la seguridad o a los bienes comunales – quienes, con su trabajo y compromiso con los movimientos de sus comunidades, se han ganado el respeto de todes, independientemente de su edad o estado civil; situaciones íntimamente asociadas con mandatos de género. No podemos dejar de señalar que estas mujeres han sido nombradas autoridades no necesariamente por una “política de paridad”, sino por un reconocimiento genuino de sus capacidades y de su compromiso político con sus comunidades.
Sin embargo, tampoco podemos negar que este es un proceso complejo y una problemática que en cierto sentido, también compartimos nosotras como mujeres mestizas en nuestros propios contextos. En el caso que nos ocupa, como abogadas militantes nos ha quedado claro que en las reuniones con las autoridades y comisiones de las comunidades el diálogo es intermediado por el género. Reflexionando sobre las dinámicas de estas reuniones, reconocimos que entre las personas del Colectivo que acudíamos, las mujeres participábamos mucho menos que los hombres, y que nuestra participación tendía a ser sobre el trabajo técnico jurídico (por ejemplo, explicar vías judiciales o documentos y pruebas que necesitamos). Mientras tanto, nuestros compañeros hombres se involucraban más en la discusión sobre las cuestiones políticas de cada caso, centrales para los representantes de las comunidades. Lo que consideran estrictamente “jurídico” (las cuestiones técnicas) no suele generarles mayor interés a quienes representan a las comunidades. Se considera un trabajo que no se comprende enteramente y que es, de todas formas, responsabilidad del abogado; un trabajo sobre el que se escucha, pero no se pretende entender. Tal vez en esa misma lógica tendemos a ser catalogadas como “el cuerpo jurídico” o “las abogadas de” cualquiera de nuestros compañeros hombres.
De esta forma, llegamos a la conclusión de que nuestra participación era limitada por sentirnos menos legitimadas para usar la voz, aunado a que leíamos distintas señales que nos indicaban que nosotras no éramos las interlocutoras; sino nuestros compañeros hombres. Por ejemplo, en muchas ocasiones ellos tenían que reafirmar lo que nosotras decimos para “validarnos”. En algunos casos, incluso si los compañeros tenían menos tiempo en el Colectivo y habían visitado menos las comunidades, su voz y su presencia era más reconocida. La reacción no era -y hasta cierto punto sigue sin serlo- igual frente a la voz de los compañeros hombres, incluso cuando decíamos lo mismo.
Insistimos en que esta situación no es exclusiva de los contextos indígenas. En realidad, la brecha que existe en el uso de la voz entre hombres y mujeres se encuentra documentada en estudios realizados en diversos contextos (Carter et al., 2018; Hancock & Rubin, 2015; Mendelberg et al., 2014). Los obstáculos que enfrentamos las mujeres en las distintas áreas del ejercicio profesional son derivados de cuestiones estructurales. Por ejemplo, se ha mostrado que en los espacios deliberativos las mujeres solemos hablar menos y ser interrumpidas más frecuentemente que los hombres (Mendelberg et al., 2014).
Con el paso del tiempo, nuestras reflexiones sobre la distribución de la palabra, así como la experiencia que fuimos ganando como abogadas militantes, produjeron que nuestro uso de la voz fuera cada vez mayor y que nos involucráramos cada vez más en las discusiones políticas con las autoridades o comisiones. Sin embargo, todavía no superamos por completo una especie de “síndrome de la impostora” (Clance & Imes, 1978), término acuñado en una investigación sobre mujeres en el campo académico que temían ser catalogadas como fraude por sus pares debido a una falta de confianza en sus capacidades. Tampoco hemos ganado una completa legitimación frente a autoridades o comisiones comunitarias. Con esto no pretendemos afirmar que no se nos respete como abogadas parte del Colectivo, o que no se reconozca nuestro compromiso político. Por el contrario, hemos llegado a ganarnos nuestro lugar. A lo que queremos referir es a que, en el espacio de las comunidades, como en todos los espacios públicos donde se despliega el trabajo del Colectivo, no se sabe exactamente qué hacemos nosotras y cuál es el valor específico que tiene eso que hacemos - y la escena con la que abrimos este artículo es prueba de ello-. De hecho, muchas veces se nos considera algún tipo de secretarias.
Esta situación ha cambiado paulatinamente. Sin embargo, se han enfrentado resistencias, las cuales han traído como consecuencia que, en el diálogo de saberes que construye el Colectivo como unidad con las comunidades, el conocimiento que se aporta sea visto como si fuese planteado exclusivamente por nuestros compañeros. Lo anterior a pesar de que este conocimiento siempre se ha construido en los espacios internos del Colectivo que, como mencionamos en el apartado anterior, se construye de forma colectiva y más o menos horizontal.
Podemos llegar entonces a dos conclusiones preliminares. En primer lugar, la división interna del trabajo del Colectivo se convierte en una división sexual dado que las mujeres hacemos principalmente el trabajo menos visible, y nos involucramos con la parte más pública en una medida considerablemente menor respecto de nuestros compañeros varones. En segundo lugar, la distribución social de la palabra en función del género condiciona para nosotras la construcción de diálogos de saberes como diálogos intermediados, pues en una sociedad patriarcal la voz de un varón no vale lo mismo que la de una mujer, aunque ambas personas posean un conocimiento considerado valioso.
Esta dinámica ha generado que la visión expresada en la anécdota con la que inicia este texto se replique también en las comunidades. Nuestros colegas hombres son frecuentemente identificados como los abogados centrales, e una jerarquía que no refrendamos como Colectivo; mientras nosotras somos referidades como “el cuerpo jurídico” o “las abogadas de”. Como mujeres del Colectivo, comenzamos a experimentar entre incomodidad y vergüenza por la visión que esto expresa de nosotras. A partir de ello es que comenzamos a reflexionar y a buscar administrar nuestra palabra, pues estamos conscientes de que de esto depende nuestra participación y credibilidad en la comunidad. Si bien esto se ha transformado en función de un trabajo político que nos ayudó a posicionarnos desde el feminismo, se ha requerido también de dos aspectos fundamentales: el apoyo y el respaldo del mismo Colectivo, y nuestro involucramiento en actividades que nos resultaban menos cómodas, pero que eran necesarias para los procesos que se acompañaban, así como para presentar públicamente nuestro trabajo. Sin embargo, muchas de estas medidas las hemos tomado con mayor claridad en los espacios del Estado, los medios de comunicación y la academia.
Finalmente, es importante mencionar que además de estas reuniones mantenemos una comunicación más cotidiana con las comunidades. Aunque las autoridades tradicionales son las principales interlocutoras, les pedimos que nombren a una o dos personas para que sea a través de ellas que nos comuniquemos. Salvo en dos comunidades, quienes que se encargan de la comunicación son hombres. En general, los compañeros varones manifiestan tener capacidad y/o facultades para la toma de decisiones. En cambio, cuando son las compañeras con quienes se entabla el contacto directo, generalmente lo que sucede es que ellas tienen que llevar la información al resto de sus compañeros y después regresar alguna determinación. Por nuestra parte, Alejandra es la compañera del Colectivo que se ha hecho cargo de la comunicación cotidiana con estos contactos designados por las autoridades comunitarias. Sin embargo, en esta comunicación somos más bien mensajeras, dado que las cosas importantes prefieren hablarlas directamente con nuestros compañeros varones. Dicho en otras palabras, todas las mujeres que estamos involucradas tenemos más o menos la misma posición; sin embargo, como exploramos en la siguiente sección, esto cambia sustancialmente en los espacios estatales.
3 El trabajo frente a las autoridades estatales
Texto: usar estilo “Corpo”, disponível na Galeria de Estilos. En la interacción con las autoridades estatales nos enfrentamos igualmente a contextos ampliamente masculinizados, aunque de una manera distinta. Generalmente, en las diversas reuniones que se realizan con las comunidades, y con nosotras como sus representantes legales, las autoridades estatales son también en su mayoría representadas por hombres. Fuera de estas reuniones, la comunicación cotidiana se establece frecuentemente con secretarias de funcionarios hombres o con otras mujeres que están en una posición de subordinación. Esto significa que, aunque en estos espacios hay más mujeres en comunicación con el Colectivo, éstas no tienen poder de decisión, por lo que también actúan como mensajeras. Esto se ha transformado a épocas recientes, especialmente en lo que respecta a las autoridades electorales donde varias mujeres han asumido, con mayor centralidad, posiciones de poder.
En los contextos institucionales las opresiones se re-calibran dependiendo de la conformación del grupo de trabajo y de las condiciones de la comunidad con la que se trabaje. Cómo y hasta dónde podemos participar, depende en buena medida de la comunidad: su trayectoria de lucha, la formación política de los integrantes de las comisiones, el tipo de relación que tienen con las autoridades (principalmente municipales), el tipo de necesidades que tienen y las formas que buscan para saldarlas dependiendo de si son cabecera municipal o tenencia, e incluso la clase social y el nivel académico de las autoridades o comisión de la comunidad.
Sin embargo, en este contexto es más común que el conocimiento valorado sea primordialmente el jurídico, dándonos un capital superior a quienes estudiamos derecho por sobre las personas de las comunidades. Según referimos anteriormente y como ha señalado uno de nuestros compañeros, para el Colectivo es importante superar el paradigma del “abogado rey” que pone al abogado en el lugar de quien ostenta el único conocimiento capaz de decidir el destino de un caso (Aragón, 2018). Paradójicamente, para nosotras es precisamente el poder de la supremacía epistémica del conocimiento técnico especializado, el que da lugar a nuestra voz en estas reuniones. Las autoridades estatales tienden a dirigirse a quien tenga un conocimiento técnico-jurídico, preferiblemente hombre, pero a falta de éste, mujer.
Ya reconocidas como abogadas y, por tanto, como interlocutoras, no es el conocimiento técnico de la ley lo que movilizamos. Estas reuniones suelen producirse al momento de la ejecución de la sentencia e involucrar a las autoridades electorales locales y, en los casos de las submunicipalidades, a las autoridades del Ayuntamiento al que pertenecen. En este punto, las comunidades ya ganaron el juicio pero deben todavía enfrentarse a los enormes retos de ejecutar la sentencia y ejercer su autogobierno, lo que se convierte en una cuestión principalmente de política. Tomando esto en consideración y guiadas por nuestro conocimiento teórico y práctico del uso crítico del derecho, así como por los diálogos de saberes que hemos construido con las comunidades a lo largo del proceso de acompañamiento, hacemos participaciones políticas echando mano de la eficacia simbólica del derecho. Nuestra orientación refiere pues un uso político del derecho. Cabe señalar que esta misma estrategia la emplean nuestros compañeros varones, pero según hemos observado, causa un impacto diferenciado en las autoridades de las comunidades; pues es en estas reuniones donde se dan cuenta de capacidades nuestras que antes probablemente no creían que tuviéramos.
Especialmente en las primeras reuniones nosotras tenemos además que echar mano de nuestros capitales para revertir el racismo institucional, y obligar a las autoridades estatales a escuchar y hablar con las autoridades/comisión de la comunidad, volviéndonos intermediarias en este diálogo. Cuando tenemos reuniones con autoridades estatales procuramos que sea la voz de las comunidades la que prevalezca. Hay personas que tienen más habilidad que otras para participar en estas reuniones; pero incluso a pesar de que las personas de las comunidades frecuentemente nos piden que seamos nosotras quienes llevemos las reuniones, procuramos que se les asegure la posibilidad de participar y ser escuchados. En consecuencia, nuestras intervenciones se limitan a cuestiones muy puntuales pues, en este contexto, es fundamental que las autoridades estatales entiendan que tienen que escuchar y hablar con las autoridades o con la comisión de la comunidad.
Efectivamente, en los contextos institucionales las opresiones actúan de forma distinta en razón de la raza y el género. El diálogo que nosotras como mujeres tenemos con los actores con los que estamos trabajando es un diálogo entre oprimidos, aunque se oprimen cosas distintas. Las distintas condiciones sociales en las que se basa la opresión no actúan como meros agregados de violencias (Crenshaw, 1989, 1991). En los espacios estatales, los representantes de las autoridades comunitarias no son considerados interlocutores porque pesa más la raza que el género, por lo que se convierten ellos en los no escuchados. Esta es una expresión del racismo institucional que permea en las estructuras del Estado mexicano, que históricamente ha ubicado a los pueblos indígenas como un obstáculo y no como agentes con posibilidades para contribuir a sus estructuras. En cambio, nosotras adquirimos un mejor lugar de interlocución; pero, dado que el conocimiento que es negado es el de las comunidades, nuestro trabajo es ponerlas en el lugar central del proceso de toma de decisiones. La función prioritaria de esos espacios es trabajar, desde el diálogo de saberes, para que el principal objetivo político del movimiento, que es replantear la relación entre Estado y pueblos indígenas, sea lo prioritario. No es lo mismo cuando le cedemos la palabra a alguien porque no queremos tomarla y/o porque nos da vergüenza, a ceder la palabra a alguien con el objetivo es que se reconozca la potestad de la autoridad comunitaria.
Esto no significa que las instituciones del Estado no padezcan el machismo estructural de otros espacios. El Estado también se presenta como patriarcal y es un espacio en el que las mujeres somos menos visibles que los hombres; por eso cuando están presentes nuestros compañeros ellos son los interlocutores y con quienes se busca hacer acuerdos. Sin embargo, en este espacio y en nuestra experiencia, pesa más la concepción de las personas indígenas como personas sin agencia. Esta experiencia es indicativa de ciertas formas de actuar del Estado, que ponen un énfasis más machistas, o bien, más racista y clasista; en este caso, sin duda, ambos énfasis están presentes, pero tal vez uno más que el otro.
El síndrome de la impostora no necesariamente desaparece en los espacios estatales, los cuales, de por sí, sueñen estar cruzados por una lógica patriarcal que los hace poco receptivos a nuestra voz. En muchas ocasiones nosotras hemos tenido que acompañar estas reuniones sin nuestros compañeros del Colectivo, lo cual nos ha llevado a desarrollar y comprender nuestras habilidades en sentidos y espacios claramente fuera de los que nos resultaban más cómodos. Aunque en un principio experimentábamos con más fuerza el síndrome de la impostora, en esa reuniones también encontrábamos que nuestra falta de acción podía tener costos para los casos y las comunidades, y esto nos motivaba a superar los obstáculos personales.
En cierta forma, las reuniones con autoridades nos han llevado a desarrollar y comprender nuestras habilidades en sentidos y espacios claramente fuera de los que nos resultaban más cómodos. En un principio, como señalamos anteriormente, experimentábamos con más fuerza una especie de síndrome de la impostora. Sin embargo, en esas reuniones también encontrábamos que nuestra falta de acción podía tener costos para los casos y las comunidades; esto nos motivaba a superar los obstáculos personales.
Como señalamos líneas atrás, estas reuniones también tienen un impacto en cómo se nos percibe en las comunidades. Aunque en las reuniones en las comunidades no hablemos mucho, frente a las autoridades estatales las autoridades comunales se dan cuenta de nuestra capacidad para llevar una reunión e implementar nuestro conocimiento en favor de su lucha. En muchas ocasiones, al terminar las reuniones, las personas de las comunidades expresan sorpresa y reconocimiento de nuestro trabajo. Ahí afirmamos que nuestra voz es válida y que tiene una potencia política. Esto muestra un contraste con nuestra experiencia de participación en las reuniones de las comunidades. Si en ese espacio el discurso de lo jurídico no parece tener un impacto, nuestra intervención en favor de la comunidad en los espacios de disputa con el Estado es mucho más significativa. Pero más que un fetiche del derecho por el goce que produce ganar un juicio (Lemaitre Ripoll, 2009), e incluso más allá de la violencia simbólica del derecho (Bourdieu, 2000), que son posiciones en las cuales se afirma una percepción de valor de lo jurídico por sí mismo en la vida de las personas, lo que encontramos son comunidades para las cuales el derecho y quienes lo ejercemos somos valiosos en la medida que podemos defender sus causas. El derecho tiene valor únicamente cuando está al servicio de sus objetivos políticos.
4 El género en otros espacios de acción del Colectivo Emancipaciones: el entorno académico y los medios de comunicación
El trabajo del Colectivo Emancipaciones tiene otros dos espacios de interacción que son relevantes: las relaciones con los medios de comunicación y el entorno académico. Las relaciones con los medios de comunicación se establecen como parte de la movilización política y jurídica. A diferencia de los otros espacios antes descritos, en estos entornos el género de las personas con las que interactuamos suele ser más equilibrado, lo que, sin embargo, no implica que sea igualitario o que los sesgos de género no existan, tanto los nuestros como los propios de cada espacio.
En lo que respecta a los actos políticos y la relación con los medios de comunicación, nuestra visibilidad se dio de manera paulatina. Desde la perspectiva crítica desde la cual practicamos el derecho, sabemos que la movilización política es esencial y que los medios de comunicación son fundamentales para dar visibilidad a las luchas y a los actos políticos en las que se expresan. Sin embargo, especialmente en los primeros años del Colectivo, solamente uno de nuestros compañeros tomaba la palabra en las interacciones con medios de comunicación. Esto se debía a su facilidad de palabra y comodidad en el espacio, pero también a que nosotras encontrábamos esa actividad sumamente intimidante. Incluso en una ocasión que asistimos a una manifestación feminista, cuando se nos invitó a hablar en el mitin, nosotras de manera naturalizada le sugerimos a nuestro compañero que hablara. Él se negó y, al final, participamos tres compañeras en un mensaje compartido.
Especialmente en las épocas en las que las actividades del Colectivo se desarrollaban con una mayoría importante de trabajo de mujeres, y a partir de las otras experiencias del Colectivo que nos hicieron notar nuestra falta de visibilidad, comenzamos a reforzar la reflexión en nuestros espacios internos sobre el tema de género en la división de trabajo y el lugar de sus integrantes. En conjunto, tomamos la decisión de diversificar la representación del Colectivo, especialmente en actos políticos y en entrevistas con medios de comunicación. Sin embargo, la implementación se vio obstaculizada dada nuestra incomodidad con estos espacios de visibilidad. Más de una vez planteamos la posibilidad incluso de tomar un curso o clase que nos diera más herramientas para presentarnos frente a medios de comunicación o dar mensajes concretos. Los roles tradicionales de género se expresaban en esta facilidad o dificultad para abordar el espacio público y político. Para nuestros compañeros esta no era una necesidad, pero para nosotras podía ser una estrategia para transformar nuestras prácticas frente a estas constantes señales y anécdotas de cuánto nos costaba y nos cuesta tomar un rol protagónico respecto de las actividades del Colectivo. Adicionalmente, los mismos medios de comunicación suelen buscar a las personas más visibles del Colectivo, que es uno de nuestros compañeros. Estos dos elementos – nuestra incomodidad y la orientación de los medios – inciden en que la participación de las mujeres en medios de comunicación sea desigual, a pesar de nuestros esfuerzos y del camino que hemos avanzado para tomar la palabra en público (por ejemplo: Olvera, 2018; Caballero, 2019). Es en parte por esto que los recuentos del Colectivo tampoco suelen abordar los retos desde una perspectiva de género, pues hemos considerado que es un aspecto que debíamos abordar nosotras mismas.
Adicionalmente, como sucede con las reuniones con autoridades estatales, esta participación en actos públicos y políticos es relevante para replantear cómo somos percibidas en las comunidades. En una ocasión acompañamos a una comunidad al Congreso del Estado para intervenir en un evento público con un pronunciamiento político. Nosotras nos encargamos que conseguir el espacio para su pronunciamiento y cuando salimos uno de los compañeros de esta comunidad nos dijo “ah mira, sí son bravas cuando están solas”. Gracias a estas experiencias y al trabajo de varios años, nos hemos ido posicionando en las comunidades donde cada vez más se nos escucha y se nos toma en cuenta. De esta forma, hemos llegado a la conclusión de que el capital que cuenta en las comunidades no es tanto nuestra pericia técnico-jurídica, sino nuestro actuar político.
El trabajo del Colectivo también ha encontrado espacio y aliados en el entorno académico, donde muchas de las personas del Colectivo nos desarrollamos; sin embargo, también ahí encontramos problemáticas relacionadas con el género. Esto es evidente en la anécdota que abre el presente artículo, que es sintomática de cuestiones más amplias. El trabajo académico del Colectivo se desarrolla frecuentemente en campos de sociología y antropología jurídica, en sectores vinculados con los movimientos sociales y las visiones críticas del derecho, que también son sectores en los que participamos muchas mujeres. Sin embargo, no se deben perder de vista las condiciones más generales de este sector, donde estudios más o menos recientes reportan varios sesgos de género. Esto se observa en las condiciones laborales en las que la maternidad se puede presentar como un obstáculo; en las brechas salariales; en la manera desproporcionada en la que las mujeres asumimos las responsabilidades administrativas de los departamentos académicos en perjuicio de nuestras carreras (Guarino & Borden, 2017; Heijstra et al., 2017); en las evaluaciones menos favorables por parte de los estudiantes (Mitchell & Martin, 2018); en menor presencia en citas (Maliniak et al., 2018) y en las bibliografías básicas de los cursos. Por otra parte, también se ha señalado que el conocimiento de las mujeres ha sido ignorado por las perspectivas cartesianas de la ciencia (Code, 1991).
En nuestra experiencia, la anécdota que inicia este trabajo es apenas una de muchas otras en las que, como señalamos anteriormente, incluso colegas dentro de la academia crítica replican los mismos sesgos de género, al reconocer principalmente a nuestros compañeros como interlocutores para conocer y discutir en este espacio el trabajo del Colectivo. Como en la multicitada anécdota, no es raro que el punto a destacar de nuestras carreras académicas sea que trabajamos con uno de nuestros compañeros, a pesar de que hemos desarrollado trabajo en otros espacios y temáticas. En entornos académicos, nos hemos encontrado con personas en posiciones de poder que en reuniones colectivas se dirigen a alguno de nuestros colegas con el grado de Doctor, mientras que a nosotras nos adjudican el título de señoritas o, tal vez, de licenciadas, incluso teniendo el mismo grado académico que nuestros compañeros. Este, sin embargo, es un espacio en el que hemos decidido avanzar con carreras individuales, en temáticas diversas al trabajo del Colectivo, para consolidar nuestra propia presencia académica.
En este contexto, una perspectiva desde el diálogo de saberes evidencía que hay jerarquías de conocimiento. Como sucede en las instituciones del Estado, el sector académico se ha caracterizado por negar enteramente un conocimiento, que es el de los pueblos indígenas. Desde distintas fronteras, los estudios decoloniales, poscoloniales, las perspectivas de diálogo de saberes e, incluso, la literatura crítica sobre propiedad intelectual, han planteado lo anterior. Como hemos comentado, los conocimientos y el trabajo de las mujeres encuentran también obstáculos en el sector académico. El reconocimiento de la primera injusticia epistémica aquí mencionada, ha sido una guía fundamental en el trabajo del Colectivo Emancipaciones, pero, quizá sin que lo hubiésemos planead así, el Colectivo también ha sido esencial, para que nosotras encontráramos apoyos y alianzas que han dado forma a nuestras carreras académicas individuales, a pesar de los momentos en los que hemos encontrado poca disposición de otras personas en la academia para considerarnos interlocutoras por mérito propio.
Consideraciones finales
La construcción de un diálogo de saberes con las comunidades cuyas luchas acompañamos, ha sido una prioridad del Colectivo Emancipaciones. Para lograrlo, hemos procurado transformar algunas de las prácticas hegemónicas de la profesión jurídica, especialmente la del “Abogado Rey”, para poner por encima el conocimiento de la comunidad: su forma de hacer política, sus formas de organizarse o sus formas de tomar decisiones.
Tratándose de diálogo de saberes, desde luego, lo primero a cuestionar es por qué unos conocimientos son considerados más valiosos que otros, o incluso, por qué a algunos ni siquiera se les reconoce dicho estatus, como suele ser el caso de los conocimientos de los pueblos indígenas. Sin embargo, como hemos mostrado en este artículo, reconocer que el conocimiento es situado no implica únicamente que se produce desde cierta posición, sino también que en buena medida se valora en función de quién lo ostenta en un contexto determinado y de la posición que tiene en dicho espacio, lo que está condicionado por factores como el género o la raza. En consecuencia, cuando las reflexiones sobre el diálogo de saberes se realizan desde la perspectiva de género, resulta pertinente cuestionar también quién y cómo participa del diálogo si es que buscamos democratizarlo y enriquecerlo. Después del reconocimiento de que hay un conocimiento negado, es importante actuar para reposicionar el conocimiento que requiere ser revalorado; en ocasiones esto significa defender nuestra voz y, en otras ocasiones, coadyuvar en el reconocimiento de las voces de las comunidades indígenas.
Derivado de la estructura patriarcal de la sociedad en general, nuestra voz como mujeres de entrada no cuenta o cuenta menos. El diálogo de saberes que lleva adelante el Colectivo, inserto de entrada en esta estructura, se ubica, como exploramos, en contextos que son particularmente masculinizados y donde los interlocutores favorecidos son los varones. Por lo tanto, para nosotras, es un diálogo intermediado, ya que nuestros compañeros son, en muchas ocasiones, los portavoces de lo que construimos colectivamente en los espacios internos de discusión del Colectivo, que tienden más a la horizontalidad. Esta intermediación, que se debe a varios factores derivados de la estructura patriarcal que interiorizamos, frecuentemente esconde nuestro trabajo que no es solamente técnico-jurídico. Al igual que nuestros compañeros, somos capaces de pensar y hacer política progresista con y para los movimientos sociales, y no sólo de redactar documentos o pensar rígida y mecánicamente el derecho. Esto es, las propuestas político-jurídicas del Colectivo, también son construidas con reflexiones y trabajo de las abogadas militantes que lo integramos.
Así, en el análisis sobre los diálogos de saberes es fundamental, en primer lugar, visibilizar que las personas que son protagonistas en su expresión o comunicación, no son quienes los construyen individualmente. En los espacios donde hemos trabajado, encontramos que esos discursos son producto de intercambios colectivos donde participan muchas personas - particularmente mujeres - que están invisibilizadas, a veces en función de estructuras opresivas como lo es el patriarcado. De ello se sigue la importancia de cuestionar la valoración de los conocimientos que se aportan al diálogo de saberes en función de si quien los ostenta está o no legitimado según la configuración normalizada del espacio. Desde una perspectiva de género, implicaría cuestionar que espacios como los destinados a la política son “para los hombres” porque “las mujeres no entienden”, y que por tanto nosotras no tenemos nada valioso que decir.
En el caso que nos ocupa, esto aplica tanto para nosotras - como mujeres mestizas parte del Colectivo Emancipaciones - como para las mujeres indígenas involucradas en los movimientos que acompañamos. Lo anterior debe destacarse especialmente dado que se trata de una problemática que suele asociarse más con ellas, debido a que a las mujeres mestizas activistas suele asociársenos una identidad de feministas blancas colonizadoras que no padecen violencias de género. Frecuentemente, cuando se piensa y se construye la interacción entre comunidades indígenas y mujeres activistas mestizas o blancas, se esencializa a las mujeres indígenas como defensoras irreflexivas de la tradición, pero también se esconden las complejidades de los contextos de las activistas. Sin embargo, en nuestra experiencia como activistas mexicanas, encontramos que, si bien nuestra posición no es comparable con la de las mujeres indígenas, también nos formamos en una sociedad que está cruzada por el sistema patriarcal. En muchas ocasiones, nuestro trabajo requiere enfrentar situaciones complejas que pueden implicar discriminación o, incluso, instancias de acoso sobre las que aún tenemos mucho que reflexionar. La distancia en los contextos de las mujeres que intervenimos, mujeres indígenas y mujeres mestizas, tampoco es tan abismal como se suelen visualizar a esas dos mujeres estereotipadas. Nuestras experiencias muestran que los roles de género tradicionales también son parte de nuestra configuración de género, también nos presentan retos y determinan cómo nos ubicamos en el mundo. No obstante, la movilización política y las experiencias de lucha han sido un motor para deconstruir estos roles.
Ahora bien ¿cuál es la importancia de estas reflexiones para una militancia como la que ejercemos desde el Colectivo Emancipaciones? Dado que las estructuras que tienden a invisibilizar y minusvalorar las aportaciones de las mujeres en trabajo y construcción de ideas con y para los movimientos sociales, y en específico para la construcción del diálogo de saberes, se enraízan en “sentidos comunes” y formas de distribución sexual del trabajo y la palabra que son hegemónicas, estas reflexiones han sido fundamentales para que nosotras mismas cuestionemos y comencemos a desmontar esa hegemonía. Hemos aprendido a identificar cuándo y cómo la reproducimos; cómo podemos revertirla desde una revaloración de las ideas y el trabajo propio; y cómo discutirla con nuestros compañeros para continuar transformando las prácticas del Colectivo.
Estas reflexiones podrían asociarse con una necesidad de superarnos personalmente, de superar nuestra timidez para participar en las reuniones o dar entrevistas, o con una necesidad de protagonismo y de que se reconozca nuestro trabajo. Sin embargo, la experiencia que hemos relatado en este artículo es un ejemplo más de cómo lo personal es político. Como señalamos, esa “timidez” es una expresión del síndrome de la impostora que se origina en las dinámicas de espacios donde hay voces que están legitimadas y otras que no lo están, o lo están en menor medida. Existen voces que se desea escuchar, y voces que son, en palabras de Jacques Rancière (2010), ruido. Estas son ideas y dinámicas hegemónicas a tal grado, que podemos encontrarlas en prácticamente todos los espacios que hemos descrito[6]: las reuniones con las comunidades, pero también con las autoridades estatales, la academia y los medios de comunicación. Visibilizarlo contribuye a des-romantizar la militancia y comenzar a combatir las violencias que pueden seguirse reproduciendo en la misma; contribuye a reconocer la agencia política de las mujeres, no sólo de nosotras como abogadas militantes del Colectivo Emancipaciones, sino la de las mujeres que participan de procesos políticos en los movimientos sociales en general.
Por otra parte, consideramos que estas reflexiones también han construido al Colectivo Emancipaciones como un colectivo feminista. El Colectivo Emancipaciones no suele presentarse como un proyecto feminista, pero lo es en prácticas y en reflexiones. Como Colectivo militante nos comprometemos con posiciones políticas progresistas y la continua reflexión crítica del rol del derecho y de nuestro propio actuar. La reflexión feminista interseccional no está desvinculada de esto. La discusión sobre la posición de género en el trabajo del Colectivo es constante y esto ha dado forma tanto a las prácticas del Colectivo como a la posición como feministas de las mujeres que lo integramos. En nuestros compañeros hemos encontrado apoyo y respeto, así como un grupo de personas donde se busca congruencia entre la reflexión crítica y las prácticas que desarrollamos. Nuestros compañeros han sido grandes aliados para motivarnos a ocupar espacios públicos; son también, frecuentemente, actores esenciales para señalar que el trabajo es colectivo, cuando se les llega a adjudicar individualmente.
Esto también ha ayudado a desdibujar algunas de las jerarquías que marcaron la entrada de muchas de nosotras al Colectivo. Si bien la mayoría iniciamos como estudiantes en un espacio liderado por nuestro profesor, con el tiempo y el trabajo, hemos construido un espacio de interacción relativamente horizontal, particularmente en lo que a género respecta. El Colectivo Emancipaciones no es un colectivo feminista en el sentido de que se enfoque en las luchas de las mujeres en las comunidades con las que trabajamos, aunque, como mencionamos, no es un tema que nos sea indiferente. Las comunidades tienen sus procesos y nosotras y el Colectivo respetamos esos procesos en los que también apoyamos estructuras de igualdad entre hombres y mujeres. El Colectivo Emancipaciones es un colectivo feminista porque tiene la convicción en la igualdad de género entre sus integrantes y sostiene prácticas que buscan transformar las dinámicas de género.
En este contexto, la mayoría de las abogadas que integramos el Colectivo hemos aprendido a ser militantes cada vez más activas y con una apropiación cada vez mayor de la voz en el espacio público. Nuestras estrategias, que hemos mencionado a lo largo de este artículo, han partido de enfrentar y reflexionar sobre los momentos y las formas en las que hemos sido menospreciadas. Esto nos permitió asar de la ofensa al reconocimiento de los elementos estructurales y personales que inciden en la reproducción de modelos patriarcales, a pesar de nuestras convicciones. La lógica patriarcal suele estar tan interiorizada que identificar el problema puede ser, efectivamente, el primer paso. Lo que sigue es construir dinámicas distintas, aunque no siempre resulten cómodas. Sin embargo, en nuestro propio proceso, debemos insistir en que las convicciones intelectuales y políticas, así como el reconocimiento, el apoyo y el resto de todes en el Colectivo, han sido fundamentales.
Finalmente, no debe pasar desapercibido que sólo cuando el desconocimiento de la voz y la agencia política es producto la discriminación por raza y antes que de la discriminación por género, nosotras nos convertimos en interlocutoras a la vez que cedemos el uso de la voz a las autoridades o comisiones de las comunidades. Estas acciones son también una forma de desafiar las estructuras opresivas sobre las que está montada la distribución social de la palabra. Si la experiencia que hemos tenido en el Colectivo, nosotras y nuestros compañeros, fuera irreflexiva, continuaríamos reproduciendo dichas estructuras que perpetúan opresiones de raza y de género.
Por su parte, la mirada interseccional en este trabajo nos ayuda también a reflexionar sobre el rol del derecho en las luchas de las comunidades. Cuando el conocimiento jurídico tiene un impacto es cuando utiliza esa violencia simbólica para transformar las condiciones de relación con el Estado. No es la fuerza de la técnica jurídica como suele pensarse en la práctica del derecho, es la fuerza del discurso jurídico en su uso contra hegemónico lo que realmente tiene el efecto de posicionarnos en el reconocimiento de las comunidades. Como mencionamos, en nuestras intervenciones con las autoridades del Estado, la disputa no se caracteriza por su precisión técnica; nuestra posición es más política y el conocimiento que defendemos es el del derecho de las comunidades como una de las herramientas que las autoridades estatales desconocen. Nuestra intervención se fundamenta en tres elementos: la experiencia que tenemos en los temas que litigamos, la dinámica de trabajo del Colectivo que a través de la discusión solidifica nuestras posiciones y perspectivas, e incluso el cálculo político que las informa. Tomando esto en cuenta, es claro que lo que las comunidades aprecian no es la complejidad jurídica ni el derecho por su contenido o interpretación, sino la posibilidad de ver sus objetivos, sus discursos y su autoridad legitimada en un espacio de las instituciones estatales.
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Sobre las autoras
Erika Bárcena Arévalo
Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Actualmente dirige el Laboratorio Nacional Diversidades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con acreditación de la SECIHTI, donde es además responsable técnica del proyecto “La diversidad al banquillo. Percepciones sobre género, etnicidad e interseccionalidad en la justicia penal local de Baja California y Oaxaca”, financiado también por la SECIHTI. Sus principales líneas de investigación giran en torno al estudio antropológico de los tribunales estatales, de las burocracias, los derechos humanos de los pueblos indígenas y los estudios críticos del derecho. Se ha desempeñado como abogada y antropóloga militante en el Colectivo Emancipaciones, del cual es integrante-fundadora, realizando el acompañamiento jurídico de diversas luchas de comunidades indígenas, principalmente en el estado de Michoacán.
Alejandra González Hernández
Maestra en Derecho con Opción Terminal en Humanidades, así como Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación se centran en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, desde la práctica como integrante del Colectivo Emancipaciones, ha dado acompañamiento jurídico a las comunidades del estado de Michoacán que han buscado materializar sus derechos de autonomía, autogobierno, libre determinación y presupuesto directo.
Lucero Ibarra Rojas
Profesora-Investigadora Titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) donde también es Directora de la División de Estudios Jurídicos. Ha sido integrante del Colectivo Emancipaciones. Es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, maestra en Sociología Jurídica por el IISJ de Oñati y licenciada en Derecho por la UMSNH. Ha integrado comisiones en organizaciones internacionales como el Comité de Investigación en Sociología Jurídica (rcsl) de la Asociación Internacional de Sociología (isa) y la Law and Society Association (lsa). Es autora de decenas de artículos y capítulos de libro, y ha colaborado como editora y como parte de consejos editoriales de diversas revistas internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII).
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Nota
Este trabajo se publicó previamente en el libro: Aragón Andrade, Felipe Orlando y Bárcena Arévalo, Erika (coords.). 2022 “Otro Derecho es Posible: Diálogo de Saberes y nuevos estudios militantes del derecho en América Latina”, México: UNAM. Para la presente publicación se realizaron algunas revisiones menores editoriales hechas por las autoras.