temas geradores
Em primeira pessoa: trajetórias de vida de pessoas que usam o direito para acompanhar as lutas comunitárias
First-hand: life stories of those who use the law to support community struggles
1 Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, Distrito Federal, México. E-mail: danielaalcaraz@namati.org. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-1375-0762.
2 Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. E-mail: lucianabercovich@namati.org. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4782-5662.
Submetido em 31/03/2025
Aceito em 25/09/2025
Como citar este trabalho
ZAMORA ALCARAZ, Daniela; BERCOVICH, Luciana. En primera persona: Trayectorias de vida de quienes usan el derecho para acompañar luchas comunitarias. InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais, Brasília, v. 11, n. 2, jul./dez. 2025. DOI: 10.26512/revistainsurgncia.v11i2.57729.
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En primera persona: Trayectorias de vida de quienes usan el derecho para acompañar luchas comunitarias
Introducción
¿Cómo el derecho y las estratégias jurídicas pueden ser efectivas para combatir las mayores injusticias de nuestra región en un contexto global de desprecio de los derechos reconocidos y de crisis de los modelos democráticos?
El actual marco internacional de los derechos humanos se encuentra atravesando una crisis de legitimidad y efectividad. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial que durante décadas sostuvieron la promesa de proteger la dignidad humana, hoy están siendo socavadas. Mientras los estados priorizan la soberanía y la seguridad, la cooperación y la gobernanza internacional se debilitan (Bequelin, 2025). Con el auge del autoritarismo, la democracia se erosiona y los espacios cívicos se cierran, en Latinoamérica el 30 por ciento de la población enfrenta represión sistemática (CIVICUS, 2024).
Sin embargo, frente a este escenario de incertidumbre y desaliento, hay quienes dedican su vida a pensar cómo el derecho y las herramientas jurídicas pueden servir a los pueblos, incluso, en contextos en los que el derecho parece una abstracción o una amenaza para las comunidades a quienes acompañan. Viviana Patal[1] y Carlos Asúnsolo[2] son dos de esas voces. Desde contextos distintos —la lucha por la justicia de género en Guatemala y la justicia medioambiental y climática en México— ambos han vivido en primera persona las limitaciones y oportunidades del derecho y en su camino han reflexionado críticamente sobre el rol de quienes acompañan procesos comunitarios, encontrando en el empoderamiento jurídico un marco de actuación y una guía para poner en el centro a las personas, sus necesidades y decisiones. Este ensayo explora sus historias y su trayectoria profesional orientadas hacia una forma de ejercer la abogacía en la cual se entiende que usar el derecho acompañando comunidades no puede depender únicamente de los tribunales o las instituciones estatales, sino que es fundamental que las herramientas jurídicas se entiendan en un marco holístico donde sean las propias comunidades quienes lideren las estratégias y además conozcan y participen de las instancias jurídicas. Entrevistamos a Viviana y a Carlos, ambos abogados y defensores de derechos humanos en Latinoamérica y miembros del consejo estratégico de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico[3] . A través de sus testimonios, buscamos compartir la experiencia concreta de quienes buscan ejercer la abogacía desde una perspectiva emancipadora en nuestra región en medio de un contexto global cambiante y desafiante.
Con este artículo buscamos poner el foco en la experiencia personal, los altibajos, sus trayectorias y reflexiones críticas sobre su propio rol. Desde sus vivencias personales buscaremos invitar a una reflexión sobre lo que significa ser defensora o defensor de los derechos, los retos que enfrentan en esta lucha, las motivaciones que les mantienen de pie y lo que les da esperanza para seguir adelante. Asimismo, buscamos indagar cómo el empoderamiento jurídico puede fortalecer la lucha por la justicia y dignidad en contextos de regresión democrática y de qué formas puede el uso del derecho seguir siendo una estrategia efectiva para para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias.
1 De la toma de conciencia a la acción
Los procesos de transformación social son motivados por personas que se cuestionan sus realidades. Para la abogada Maya Kaqchikel Viviana Patal, esta conciencia llegó en su niñez atravesada por la violencia patriarcal y racismo sistémico en contra de las mujeres indígenas en Guatemala. “Me movió el no sentirme en una sociedad que acepta o que valora a las mujeres indígenas…Esto me fue dando incomodidad. Nunca se le puede poner nombre de chiquita, pero tú sabes que no te sientes bien”, reflexiona. En su andar, descubre que el derecho más allá de ser una profesión, podía ser utilizado como una herramienta no solo de autodefensa sino también como una herramienta de transformación colectiva. Fue a través de sus estudios universitarios en abogacía que Viviana comenzó a nombrar las injusticias que experimentaba a diario y sus posibles soluciones. Fue cursando sus estudios que, Viviana se dio cuenta de que, si bien el derecho puede ser una herramienta poderosa, no está al alcance de quienes más lo necesitan, sobre todo porque el lenguaje que utiliza es complejo de entender para no-abogadas y tampoco estaba disponible en maya. Como consecuencia, vio la necesidad de “humanizar el derecho” para que tanto su familia como las mujeres en su comunidad pudieran utilizarlo: “mi prioridad fue ‘esto lo podemos aprender todas y lo podemos ejercer’”.
Por su parte, el abogado Carlos Asúnsolo relata que, tras crecer cerca de la Sierra Rarámuri en Chihuahua, en el norte de México, desarrolló una conexión especial con la naturaleza y que, al pasar los años, fue testigo del deterioro de estos espacios y de las comunidades tarahumaras con la acentuación de la pobreza, las desigualdades que enfrentaban y la destrucción de los bosques debido a la presencia de deforestación ilegal. Sin embargo, fue en el acompañamiento de personas migrantes y de colectivos de víctimas de desaparición forzada que descubrió una profunda brecha entre sus estudios de abogacía dentro del salón de clases y la experiencia en el campo: “La realidad que viven estos colectivos, yo creo que hace que se perciban más de cerca las limitaciones del discurso jurídico”. Más adelante, en su trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), observó el papel que cumplen colectivos y organizaciones de la sociedad civil en los resultados en tribunales. Carlos reflexiona que, aunque dos casos puedan tener fundamentos jurídicos y hechos similares, el resultado puede variar “en la medida en la que exista algún colectivo, movimiento detrás del caso, y que logre ejercer algún tipo de presión a partir de sus experiencias”. Este conjunto de vivencias lo llevaron a replantear su visión del litigio estratégico y a buscar nuevas formas de integrarlo con la movilización social.
En ambos casos, tanto Viviana como Carlos encontraron en el derecho una forma de empoderarse a sí mismos y a otros, pero también descubrieron que el derecho por sí solo no logra la transformación social. En su entendimiento sobre los límites del derecho, ambos coincidieron que para que este tenga impacto, las personas afectadas deben de tener un papel protagónico en su lucha. Este abordaje y esa forma de entender su rol no es exclusivo de sus contextos sino que es parte de las discusiones que el movimiento por los derechos humanos se está dando sobre su efectividad y rol en los tiempos actuales. Si bien el marco internacional y regional de derechos humanos ha puesto en el centro normas e instituciones para hacer válidas nuestras garantías, este también ha demostrado ser insuficiente por sí mismo, puesto que sus instrumentos y mecanismos no han podido ser apropiados por los movimientos sociales y organizaciones de base, y por ende no ha sido efectivo para generar cambios reales en las vidas de las personas. Satterthwaite (2021) lo describe como la “elitización” del discurso de derechos humanos, revelando la existencia de diversas barreras que impiden que el acceso a la justicia sea una realidad para muchas personas. En los primeros pasos de su recorrido tanto Viviana como Carlos destacan el valor de la educación y ambos refieren a momentos concretos que han servido para correr algunos velos y ver en el derecho un potencial transformador. A continuación seguiremos indagando en sus trayectorias, sus pasos y reflexiones que los han llevado por este camino y entendimiento de su propio rol.
2 Límites del derecho y el rol del empoderamiento jurídico
El derecho es considerado por Viviana como una herramienta de transformación, y también considera que, para democratizarlo y para promover su apropiación, deben existir estrategias comunitarias de formación. Viviana comenta que el sistema de justicia occidental no se comprende bien y que aparte, no está disponible en maya para que las mujeres indígenas guatemaltecas puedan hacer uso efectivo de él. Esta barrera de idioma en el acceso a la justicia fue uno de los motores que impulsó a Viviana a buscar simplificar el derecho y trasladarlo al maya, entendiendo que esa era una forma de ayudar a que otras mujeres pudieran romper los patrones de violencia que experimentaban.
El trabajo de Viviana continuó de forma más colectiva y estructurada en la Iniciativa de Derechos de la Mujer (IDM), una organización que trabaja en Guatemala para empoderar y apoyar a las mujeres y niñas guatemaltecas mediante cuatro programas que fomentan el acceso a asesoría legal, la educación feminista y el fortalecimiento del liderazgo comunitario. Viviana es directora del Programa de Servicios Legales de la organización, un programa que brinda apoyo en casos de violencia de género, derechos de propiedad y familia, promoviendo la titulación de tierras y la protección económica de las mujeres. Además, colabora con instituciones y capacita a actores clave para mejorar la respuesta comunitaria y fortalecer el sistema de justicia en zonas rurales.
En el contexto de las mujeres indígenas de Guatemala, la justicia de género aunque cada vez más fortalecida, está sujeta a diferentes dinámicas que impiden su total ejercicio. Una de ellas es la corrupción del sistema judicial que en muchos casos garantiza impunidad a los agresores. Transparencia Internacional (2024) califica a Guatemala con 25 de 100 puntos en su índice de percepción de la corrupción, donde 100 representa un Estado libre de corrupción y 0 indica corrupción extrema. En Guatemala, han existido casos emblemáticos en donde los agresores reciben sentencias mínimas, enviando un mensaje de impunidad. Viviana comenta que, frente a este escenario de corrupción, su labor con mujeres víctimas de violencia patriarcal es más compleja: “Es muy frustrante porque, ¿qué le dices a estas mujeres que confían en este sistema?”.
No obstante, el impacto que Viviana ha visto sobre el uso de estrategias de empoderamiento jurídico de IDM es que las mujeres han logrado desnormalizar la violencia, mujeres que antes aceptaban la violencia como parte de la vida, ahora exigen justicia. “Doce años después yo las encuentro [a las mujeres] en algunos juzgados, en algunas entidades de justicia gestionando sus propios procesos, en donde ellas son capaces de exigir; ya no es que esperen a que les impartan justicia”. También ha visto que la participación política de las mujeres se ha incrementado y que han asumido roles de liderazgo comunitario que antes sólo estaban destinados para hombres. Ha visto que este poder en forma de conocimiento se ha transformado en poder económico con más mujeres teniendo emprendimientos que les permiten ejercer independencia económica y con ello mayor emancipación. Viviana comenta que se identifica el concepto de empoderamiento jurídico porque “es posible dar estas herramientas a nivel comunitario para que empiecen a ver y a utilizarlas por cuenta propia”.
En paralelo, Carlos reflexiona sobre su trabajo como abogado por la defensa medioambiental y climática en México, en específico en los aprendizajes de los procesos de acompañamiento, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), una organización civil que trabaja desde hace más de 30 años en la defensa del medio ambiente, siendo la primera organización de la sociedad civil en México en litigar para proteger el medio ambiente. Nos platicó sobre varios casos que acompañó y reflexiona que incluso cuando como organización ganan litigios, las comunidades siguen enfrentando amenazas y las sentencias son incumplidas. Carlos profundiza en el caso de la Sierra Norte de Puebla, una comunidad que logró una victoria judicial contra una compañía minera frente a la violación de los derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras en diferentes municipios del estado (CEMDA, 2021), y resalta las limitaciones de un enfoque basado exclusivamente en el litigio estratégico.
La estrategia empleada por CEMDA y el pueblo masewal para hacer frente a estas violaciones de derechos humanos en la Sierra Norte de Puebla no fue sólo jurídica, sino también organizativa, con formación de capacidades dentro de la comunidad. Entre los aprendizajes de estas experiencias está la necesidad de ver al litigio estratégico comunitario más allá del litigio, y fortalecer procesos de diálogo, conversación, formación de capacidades y comunicación entre las comunidades y la organización facilitadora del proceso. También resalta que, si bien la victoria logró revocar concesiones mineras que afectan a la comunidad, no logró cambiar la constitucionalidad de la Ley Minera en México, lo que significaba que el problema de fondo continuaba sin resolverse. Además, aunque se anuló la concesión inicial, el proceso se repuso, permitiendo a la empresa minera volver a solicitar permisos. Y por último, la relevancia del empoderamiento jurídico de las comunidades quienes fueron las que llevaron a cabo su propio proceso de consentimiento a través de un protocolo autónomo.
En el contexto mexicano la batería de estrategias jurídicas para la defensa del medio ambiente se enfrentan a desafíos cada vez mayores. Carlos comenta que la militarización del Estado mexicano ha provocado opacidad en los proyectos de infraestructura promovidos por las administraciones en poder, clasificándolos como proyectos de “seguridad nacional”. Se estima que 48% de los convenios y acuerdos que transfieren funciones civiles son de seguridad pública y que 51% trata sobre funciones que van más allá y se relacionan con la obra pública, protección civil y del medio ambiente (Intersecta, 2024). Esto ha tenido como resultado la falta de implementación de mecanismos administrativos de protección ambiental y de transparencia de acceso a la información, eliminando la oportunidad de escrutinizar dichos proyectos. También que el Acuerdo de Escazú y otros mecanismos de protección ambiental han perdido fuerza.
Estos retos han llevado a organizaciones de lucha por la justicia del medio ambiente a reajustar sus estrategias. Por ejemplo, algunas organizaciones ambientales han identificado la necesidad de robustecer sus estrategias de litigio estratégico y nutrirlas del acompañamiento directo de comunidades a través de estrategias de empoderamiento jurídico para generar un impacto más sostenible a largo plazo comparado con los procesos donde solo se desarrolla el litigio estratégico. La experiencia de Carlos en el litigio estratégico comunitario demuestra que este, por sí solo, no es suficiente para la defensa del territorio y el medio ambiente; debe complementarse con estrategias preventivas que partan de la organización comunitaria. Las comunidades suelen identificar riesgos antes que el Estado, lo que resalta su papel clave en la protección del entorno. Además, el éxito y la sostenibilidad de estos procesos dependen directamente de su capacidad organizativa. En este sentido, el empoderamiento jurídico no solo fortalece la defensa de sus derechos, sino que también ayuda a valorar y proteger el medio ambiente desde una perspectiva comunitaria.
En esta sección hemos podido observar cómo, incluso en contextos tan diferentes y diversos, el empoderamiento jurídico ha sido una herramienta valiosa en generar transformaciones en las realidades de las comunidades afectadas. Las vivencias de Viviana y Carlos demuestran que para que el derecho tenga efectividad en la búsqueda de transformaciones sociales, debe ser conocido y usado por las propias comunidades y que ellas deben liderar los procesos en los cuales sus vidas, cuerpos y territorios están en juego.
3 Reflexiones para el futuro
En las experiencias de Viviana y Carlos, han existido altos y bajos. Momentos en donde los desafíos se enfrentan con mayor facilidad y energía y otros en los que hay que detenerse un poco y replantear las estrategias. En su andar, ambos han aprendido que la justicia no se logra únicamente con victorias en los tribunales o cambios legislativos. La transformación de nuestras sociedades ocurre cuando las personas toman agencia de sus luchas y trabajan en una estrategia colectiva.
Frente a un contexto en el que el autoritarismo avanza, el financiamiento de organizaciones no gubernamentales se reduce y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos aumentan, ¿cómo pueden las nuevas generaciones sostener la lucha por la justicia? ¿cómo podemos seguir adelante cuando las estructuras de poder parecen cada vez más cerradas y concentradas?
Carlos y Viviana coinciden en que el empoderamiento jurídico es clave no solo para resistir en el presente, sino para allanar el camino hacia el futuro. Carlos propone que, frente a un contexto de crisis, “las grietas generan posibilidades para introducir ideas de mucho valor…y yo creo que el empoderamiento jurídico debe tejer [su estrategia] muy lento para estar muy preparado”. Es justo en estos momentos donde necesitamos repensar nuestros roles y sobre todo cómo funciona el sistema de justicia para hacer frente a los retos que están por venir.
Para Viviana, la resistencia comienza en las comunidades y se teje en colectivo de la mano de redes en todos los niveles desde locales y municipales hasta internacionales; “eso nos permite compartir las mismas realidades que vivimos y estar en sintonía”. Ese intercambio de saberes permite que haya un mejor entendimiento de qué está pasando a nivel local y cómo otras geografías están enfrentando desafíos similares. Carlos menciona que en las organizaciones ambientales como CEMDA, están cambiando cada vez más su enfoque para trabajar con liderazgos comunitarios, ya que logran empujar esta agenda y tener un impacto mayor. De esta forma han logrado implementar estrategias más integrales que combinaban el poder de las comunidades con el poder del derecho.
Después de estas respuestas les pedimos que nos compartieran algunos consejos para quienes siguen resistiendo en sus luchas y para las generaciones de defensoras y defensores de derechos humanos. Viviana habla sobre las dificultades de lograr justicia social, pero lo satisfactorio que es abonar a ese camino. Entre sus reflexiones finales para las nuevas generaciones de defensoras de derechos humanos, y sobre todo justicia de género, nos dice:
Es agarrarle amor al Derecho y buscar a través de él la justicia social. Es un camino largo, pero muy satisfactorio, que deja sembrar, digamos, semillas, y nos va a dar un fruto esperanzador para nuestro planeta, porque no somos las únicas que vivimos eso, creo que nos trastoca a todas en nuestro proceso de vida.
Por otro lado, Carlos resalta el valor de la paciencia y una mirada más amplia del proceso histórico en el que nos encontramos.
...Los cambios llevan tiempo. Si uno se abstrae un poquito y piensa en los procesos históricos de defensa de derechos humanos, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces nos toca aportar una pieza en ese proceso más amplio. Y creo que esa paciencia, esa perspectiva para poder identificar en dónde estamos y qué rol tenemos en este momento, que quizá es un rol de reconstrucción jurídica, de discusión, pues creo que puede ser como algo que ayude a llevar un poquito más los procesos que suelen ser muy desgastantes, muy desafiantes.
También comentó la relevancia de reconstruir el conocimiento de la profesión jurídica en México y Latinoamérica, intentando erradicar las nociones jerárquicas que tiene el derecho, considerando que para el éxito y la sustentabilidad de estas estrategias es indispensable aprender de otros saberes y colaborar con las comunidades de manera horizontal. Carlos aquí apunta a que el futuro del derecho debe ser más colaborativo, menos jerárquico y más alineado con la defensa de los derechos humanos y que, aunque los cambios estructurales sean lentos, cada generación debe hacer su parte con compromiso.
En tiempos de crisis, el empoderamiento jurídico -en el marco de estrategias holísticas y colectivas lideradas por las comunidades- se convierte en una herramienta clave para la resistencia y la transformación. Aunque el panorama global sea desafiante, no es el fin, sino un nuevo escenario donde es posible, una vez más, repensar y reinventar la lucha por los derechos y por la dignidad. Más que defender leyes, se trata de cambiar paradigmas y fortalecer comunidades capaces de resistir y construir un futuro más justo.
Referencias
BEQUELIN, Nicholas. Human Rights on the Edge. Disponible https://www.socialeurope.eu/human-rights-on-the-edge. Aceso 20.03.2025, 2025.
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DHITAL, Sukti. Reimagining Justice: Human Rights through Legal Empowerment. Open Global Rights. Disponible https://www.openglobalrights.org/Sukti-Dhital/. Aceso 17.03.2025, 2018
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Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024. Transparency.Org. Disponible https://www.transparency.org/en/cpi/2024. Aceso 25.03.2025, 2025.
Sobre las autoras
Daniela Zamora Alcaraz
Minibio oficial de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico. Cuenta con experiencia en la coordinación de iniciativas nacionales y regionales destinadas a fomentar programas orientados a la prevención de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Es Licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Economía Política por Lewis & Clark College (EEUU) y diplomada en Políticas Públicas de Género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Vinculada a Namati.
Luciana Bercovich
Lidera el trabajo de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico en Latinoamérica. Previamente fue co-directora de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). Cuenta con más de 15 años de experiencia de trabajo en derechos sociales, empoderamiento jurídico y litigio estratégico comunitario. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Magíster en Desarrollo y Relaciones Internacionales por la New School (EEUU) y Magíster en Desarrollo Urbano y Territorial y Políticas Urbanas, Universidad Politécnica de Catalunya (España). Ha escrito libros, artículos y notas de opinión sobre acceso a la justicia, derechos sociales y activismo jurídico. Vinculada a Namati.